Históricamente, en nuestro país y en todos aquellos que tienen una baja puntuación en los índices de estado de derecho, es bien sabido que una causa de ello es la habilidad que los gobernantes van adquiriendo para bordear la ley. La forma de operar para lograrlo puede ser a base de todo un esquema bien estructurado.
A los gobernantes les antecede un poder político para tal efecto. Las mayorías parlamentarias que logran, la posibilidad de hacer un uso selectivo de los recursos públicos y un deficiente régimen de responsabilidades administrativas son sólo algunos ejemplos de su arsenal para evadir la ley.
Con relación a la primera herramienta que le menciono (las mayorías parlamentarias), a medida que transcurre el período de la actual legislatura federal, ya puede hablarse de una reforma sistemática de las leyes para, valga la expresión, “lo que sea”.
Se decía hace algunos meses, en tono de mofa, que ya sólo faltaba proponer la reforma del concepto de derechos humanos por el de “izquierdos humanos”. Comienzo a pensar que sí puede llegarse a eso.
Esta forma de proceder del grupo en el poder, se traduce, precisamente, en poder hacer lo que sea, creyendo que no habrá mayores consecuencias para la clase gobernante.
En un principio, el actual gobierno federal trató de vender la idea de que las reformas que se estaban promoviendo afectarían únicamente a la élite que había gobernado previamente, bajo el argumento de que se requería una gran transformación en nuestro país (la cuarta, según sus cuentas). En ese sentido, al ciudadano únicamente le tocaría regocijarse y esperar los grandes beneficios.
Pero esa narrativa cada vez se resquebraja más en la realidad. No solamente las élites se conservan y únicamente se han añadido otros miembros; además, existen dos hechos, muy recientes, que me hacen pensar que comienza a gestarse un resentimiento social derivado de las múltiples reformas constitucionales y legales que se están llevando a cabo.
Uno de ellos fue el cierre de filas que hubo por parte del gremio de la abogacía hacia la postura que tomó el ya famoso juez Juan Pablo Gómez Fierro, por suspender la reforma eléctrica, derivado de los amparos que le fueron turnados cuando entró en vigor dicha reforma.
Prácticamente, no tuve conocimiento de colega alguno que estuviera en contra de las resoluciones del juez. Casi se podría hablar de un apoyo unánime del gremio, y mire usted que no somos pocos los licenciados en derecho en este país, pues sigue siendo una de las carreras profesionales más demandadas.
Unos días después, como si fuera una involuntaria bofetada con guante blanco al actual régimen, el juez Gómez Fierro compartió en sus redes sociales la conclusión de sus estudios doctorales.
Más molesto debe haber estado un régimen que, no sólo no logró provocar al juez con las múltiples amenazas que le profirió, sino que, además, mostró que tiene una trayectoria profesional mucho más allá de lo que opinen sus detractores.
Otro hecho que me ha llamado la atención es la reacción ciudadana hacia la reforma que nos exige entregar a las empresas de telefonía celular nuestros datos biométricos.
Ya sea que estemos hablando de un usuario que tenga contratado un costoso plan de telefonía a largo plazo, o alguien que realice recargas cada tanto tiempo, la afectación es la misma para toda persona que sea usuaria de una línea telefónica. Lo que está en juego son sus datos personales sensibles.
En este tema, el rechazo también parece ser generalizado, y si los colectivos que están apoyando con demandas de amparo pro bono (es decir, en forma gratuita) logran beneficiar a un amplio sector de la población que sin ese apoyo quedarían indefensos, el gobierno estará abriendo un importante frente de inconformes que mostrará su disidencia a través de los medios constitucionales y legales de defensa.
Vamos, hasta algunos que apoyaron ciegamente esta “cuarta transformación” ahora corren a tratar de cobijarse en el amparo para que el gobierno no tenga en su poder sus datos biométricos. Está bien que lo hagan y mucho mejor será que vayan abandonando la idea de que este gobierno quiere apropiarse de sus datos biométricos sensibles con buenas intenciones. Bien dicen que “el miedo no anda en burro”.
Personalmente, en el tema de los datos biométricos que se nos exigirán para condicionar el uso de nuestra línea telefónica, no comparto la postura de aquellos que celebraron que el INAI acordara la interposición de la acción de inconstitucionalidad por tres razones.
En primer lugar, porque la actitud de agradecer la limosna a las autoridades es la que hace que nos traten como limosneros. Por lo mismo, hay que agradecerles de por vida cuando llegan a hacer su trabajo correctamente.
En segundo lugar, porque desconozco la fortaleza de los argumentos de inconstitucionalidad que harán valer en el escrito de demanda, de tal manera que no se sabe si serán convincentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar la invalidez de las normas impugnadas.
En tercer lugar, porque la acción de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos, y si no es resuelta favorablemente antes de los dos años que se tienen para hacer el registro de los datos biométricos, estos nos serán exigibles con la posible cancelación de la línea telefónica, en caso de resistirnos a la entrega.
Bajo esa tesitura, el poder para combatir la arbitrariedad sigue quedando en mejores manos cuando lo conserva el ciudadano.
Así, lo que ocurra en semanas subsecuentes es de pronóstico reservado, pero hay algo alentador: un frente compuesto por ciudadanos que comienzan a interesarse en el uso de los medios legales para combatir el abuso del poder público.
* El autor es licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos
personales. Actualmente ejerce en el Poder Judicial de la Federación. También ha
prestado sus servicios al INAI y a la SEGOB, entre otras instituciones.
