Accionistas de Sello Rojo denuncian “compra” de justicia y corrupción por parte del político de origen panista, Abraham González Uyeda y del actual coordinador del Consejo Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González Uyeda para “secuestrar” la empresa jalisciense, que representa el 8% de la industria lechera del país.
Integrantes de la familia González Uyeda, miembros del Consejo de Administración de Lechera Guadalajara y Grupo Sello Rojo, denunciaron que el Juez Séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña, solapó y se excedió de sus atribuciones para despojar la empresa a los socios y darle el control total a tres hermanos que eran accionistas minoritarios: el político Abraham Kunio, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Ruben Masayi y su hermana Hilda Hiroko.
El representante legal de los hermanos afectados, Patricio Fernández Corina, exigió que el poder Judicial sancione el actuar del juez, afirmando que perpetró violaciones graves en el proceso, empezando por atribuirse facultades que sólo competen a la Asamblea de la empresa.
“Aquí el juez violó esa norma procesal y dictó en la medida cautelar lo que pudo haber sido propio de la sentencia: quitar poderes, mover consejo de administración, designar un administrador único”.
El representante legal afirmó que se lograron estas acciones con la complicidad de la Fiscalía del Estado, Fiscalía General de la República y el juez, de quien esperan su destitución.
Lechera Guadalajara, conocida por la marca Sello Rojo, fue fundada en 1961 por Roberto González de la Torre, abuelo de los accionistas en conflicto.
La empresa tiene presencia en 17 estados y le da empleo a 5 mil personas.
Los herederos despojados aseveran que desde que el coordinador del CCIJ tomó posesión de la administración, empezó su desmantelamiento en Ciudad Victoria y Acapulco en la opacidad, sin que se rindan cuentas.
