Por: Julio Ríos (@julio_rios)
Imagen: facebook.com/EnriqueAlfaroR
El Gobernador Enrique Alfaro presentó un necesario plan de rescate del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), al cual le heredaron agonizando, con una sentencia de ocho años de existencia máxima.
Se trata de uno los desafíos más grandes de su administración. ¿Qué es lo que viene en el plan?
¿O qué puntos del diagnóstico presentado por el gobierno de Jalisco son interesantes?
Empecemos con el diagnóstico, ultra sintetizado:
• La anterior administración falseó información, reveló el gobernador Enrique Alfaro. El déficit es de 260 mil millónes de pesos y no 57 mil como se dijo en 2016. En 2015 declararon tener tasas de rendimiento del 6.79 y resulta que eran apenas del 1.41
• El IPEJAL está desbalanceado: suben sus pensionados pero bajan sus aportantes.
• Cuatro fuentes de Ingresos tiene el IPEJAL: inversiones financieras de portafolio, aportaciones de trabajadores y entidades públicas, centros de servicio y cartera inmobiliaria.
• Los egresos: pago de nómina de pensiones, gastos médicos, pérdidas operativas en los centros de servicios.
• La reserva técnica tiene que ver con la rentabilidad de la cartera financiera y la rentabilidad de la cartera inmobiliaria.
• La cartera vencida es de 600 millones de pesos aproximadamente.
Ahora comentemos cada acción:
• Recuperación de los bonos invertidos en la empresa Transportación Marítima Mexicana (TMM), cuyo valor se desplomó de 1,600 millones a 500 millones. Es decir, Chalacatepec comienza a dar ganancias.
• Proceso penal en contra de quienes hicieron este desfalco, así como otras anomalías como basificaciones irregulares, compras de medicamento a sobreprecio y pagos millonarios.
• Recuperación de la cartera vencida. En estos primeros tres meses han recuperado 120 millones de pesos.
• Crear un comité de rendición de cuentas. Me parece una idea de avanzada y muy pertinente debido a los tormentosos antecedentes del IPEJAL.
• Se propone vender la parte que corresponde al IPEJAL de las Villas Panamericanas (340 millones de pesos).
Considero complicado que alguien vaya a querer comprarla, dado los litigios que rodean este inmueble desde hace años y que parecen no tener fin. Esto aunque se modifique el plan maestro de la Zona del Bajío para definir el uso de suelo. Ojalá que esto no implique abrir la puerta para la urbanización.
Creo que una gran señal –que no veo en el plan- sería reformar la ley para evitar las pensiones millonarias que llegan a gozar los funcionarios (algunos por la fortuna de que les tocó retirarse cuando tenían un alto salario y otros, con malas artes, como inventarse una carrera de jardinero o albañil en el gobierno), y que lastimosamente los diputados se han negado a modificar, a pesar de que ya había una propuesta del legislador Enrique Velázquez para buscar un sistema que promedie los ingresos recibidos en los años trabajados, en lugar de otorgar el último sueldo recibido,
Obviamente esas súper pensiones de 100 mil pesos mensuales o más que reciben ex funcionarios del Gobierno Estatal, no se comparan para nada con los miles de millones que el IPEJAL ha perdido en los últimos años, debido al manejo discrecional –disfrazado de legal – con el que se ha invertido en complejos turísticos, villas que se están pudriendo, bonos de empresas en quiebra y hasta compañías de yates.
Sin embargo, aunque no hablemos de miles de millones de pesos con las superpensiones, si sería un gesto de sensibilidad para con la población, necesario en esta era en que los símbolos importan tanto. Así como se anunció la venta del helicóptero. Enrique Alfaro sabe bien de la importancia de comunicar de esta manera.
Por supuesto que no vamos a desaprobar todo el plan de rescate solo por este punto simbólico, que insisto, no es el más importante, pero sí necesario.
En general las acciones me parecen adecuadas. Claro que antes que yo lo han dicho así los especialistas. Y coincido.
Finalmente: falta modificar la actual Ley de Pensiones que permite jugar el dinero de los trabajadores en inversiones de alto riesgo –con un tramposo aval de un comité – y que en realidad disfraza la discrecionalidad ya que no se necesita aval del Congreso. ¿Servirá para ello el Comité de Rendición de Cuentas?
Y otra cuestión: ¿Habrá detenidos o sancionados administrativamente? Sinceramente lo dudo. No hay una legislación fuerte para ello y los presuntos implicados se habrían cuidado muy bien para evitar cualquier tipo de riesgo legal.
