Por: Augusto Chacón

Cualquier reforma que se precie de serlo debe partir de un diagnóstico, el estado de la materia, la que sea, es el que motiva el afán reformista. Esto no sólo implica que la índole de aquello que se va a reformar sea mala, puede darse el caso de que las circunstancias en las que se desenvuelve hayan cambiado y que reformar sea imprescindible. Pensemos en un ejemplo extremo: no es lo mismo la ley de aguas nacionales con una población mayormente rural, que con la mayoría de la gente concentrada en urbes; simplemente, enunciar que cambió la naturaleza del sitio en el que las y los mexicanos vivimos supone un inicio de diagnóstico.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, la valoración de la que parte el ansia reformista comienza con buscar un ideal económico: competitividad, es decir: tener la capacidad de competir ¿con quién? Con otros países. ¿Por qué debemos competir? Porque la cantidad de dinero de la que dispone la economía mundial es limitada y dado que se necesita de éste para producir, para explotar los recursos naturales y crear la infraestructura mediante la cual se puede sacar mejor provecho de lo que cada nación tiene, es importante que la competencia no nos pille incompetentes para luego llegar al santo grial del neoliberalismo: la productividad.

Y bueno, si la meta era alcanzar la calidad de competitivos¿cuál fue el diagnóstico?¿Qué necesitábamos? Estaba claro, si el concurso era a escala planetaria, la evaluación de lo que éramos, o no, debía tirar su línea base en contraste con lo que otros eran o tenían, sin detenernos en las diferencias entre los entornos particulares; de este modo los sucesivos gobiernos nos embarcaron en la nave urgencia por la competitividad; lo que nos prometieron fue que una vez puestos para competir,y ya siendo productivos, por supuesto,lo demás se daría por añadidura: calidad de vida, igualdad, buenos salarios, educación, salud, justicia, etcétera.
Veamos algunos datos de una publicación de la OCDE que dan cuenta de qué tanto hemos hecho, la publicación de referencia, resumen ejecutivo,llega a 2016. De 2005 a 2015, el Producto Interno Bruto per cápita en los cinco estados del país con más rápido crecimiento aumentó 25 puntos, en tanto que después de diez años los cinco que crecen más lento se mantenían en las mismas: subieron y bajaron para quedar en el mismo PIB per cápita; el texto que acompaña la gráfica afirma: “Las ambiciosas reformas estructurales y las sólidas políticas macroeconómicas han asegurado la resistencia de la economía, sumamente abierta, ante las desafiantes condiciones mundiales.

Sin embargo, el crecimiento no ha sido suficientemente incluyente para lograr mejores condiciones de vida para muchas familias mexicanas. Han aumentado las desigualdades entre una economía moderna muy productiva en el Norte y el Centro y una economía tradicional de menor productividad en el Sur. México puede reactivar el crecimiento al replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza.”

Con esto la OCDE nos ofrece un diagnóstico: “ambiciosas reformas estructurales, sólidas políticas macroeconómicas”, “resistencia de la economía” que es “sumamente abierta”, que el crecimiento no ha sido incluyente, no ha mejorado las condiciones de vida y aumentaron las desigualdades. La misma organización prescribe el remedio: “replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud, reducción de la pobreza.”

O sea, el mal no ha impedido que unos pocos ganen mucho, pero la responsabilidad de paliarlo para el resto recae en el Estado mexicano, no menciona una progresión estipulada en el alza en salarios o cesar los privilegios fiscales y ambientales. Y ojo, el documento no dice educación sino capacitación, es decir: el foco persiste, productividad, y de lo que sobre tomas de ahí para tu gasto.

Más adelante, el estudio muestra una gráfica titulada “evolución de la pobreza basada en el ingreso”, de 1992 a 2014. En cuanto al desempeño de la pobreza de patrimonio, en 1992 era la condición de un poco más de 50%, en 2013 seguíamos igual; además, en 2007 con ingreso por debajo de la línea de bienestar estaba casi uno de cada dos, en 2014 el porcentaje fue mayor, por unos puntos. En 1992 la pobreza alimentaria era la situación de un poco más de 20%, en 2013 seguía prácticamente igual, mientras que en 2007 el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo (agregaron a bienestar el calificativo “mínimo”) era el estatus de más o menos 18%, siete años después, era el de 20%.

A lo que debemos adicionar que los países miembros de la OCDE marcaban, en promedio, 500 puntos en las evaluaciones de lectura, matemáticas y ciencias, según la cuestionada prueba PISA, México permanecía por debajo de ese promedio. Y en la tasa de egresados de educación técnica media, en 2014 ocupábamos el antepenúltimo lugar entre los miembros del citado organismo, pero cuidado: habría que ponderar si esto es bueno, malo o indica a otro rumbo: el último lugar lo tenía Canadá, el siguiente Corea y un lugar arriba de nosotros estaba Japón.

Así, inmersos en el ansia por ser competitivos y productivos, en relación con otros, el furor reformista se instaló. Sólo que lo que México ya demostró es que la macroeconomía y los indicadores gruesos de la producción nacional pueden verse muy bien servidos a pesar de que la pobreza avance y de que la desigualdad sea el tono social preferido del sistema político-económico. Entonces ¿para qué, para quiénes las subsecuentes reformas? Pensemos en la de educación o en la laboral;de cuáles diagnósticos se valieron para diseñarlas y a cuál estatus de la gente aspiran.

Por lo pronto, las modificaciones constitucionales para lo que atañe a la educación siguieron el modelo previo: que las élites, sindicales, políticas y empresariales quedaran en alguna medida satisfechas,pero otra vez casi nada se tomó en cuenta lo que en los hechos pasa en los planteles escolares, entre estos y sus comunidades y en la relación alumnos-profesores, factores que al cabo terminan por modelar lo que deseamos cambiar: lo que resulta del proceso educativo,y es trascendente provocar una mudano únicamente por los imperativos económicos, sino por el lento desbaratarse de la República,asediada por la inseguridad, por la injusticia, por la desigualdad, por la pérdida de capital social y por la imposición de regímenes alternos: los del crimen organizado.

Del mismo modo y para idénticos fines tocaría repensar la reforma laboral, y el gasto público y la política social y el cese de la corrupción. O alguien considera que lo hasta hoy reformado pone por delante a las y los mexicanos en su pluralidad de circunstancias. Creo que no, tal vez por no querer mirar de frente el diagnóstico real de cómo va la vida de la mayoría.