El Juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos, vinculó a proceso a los tres ex secretarios de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo y Daviel Trujillo, por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivada de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.
Ademas, dictó como medidas cautelares, resguardo domiciliario para los tres ex funcionarios, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe y la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, esto durante los próximos tres meses, tiempo en que se desahoguen el tiempo de presentación de pruebas.
Al término de la audiencia y de escuchar la decisión del juez, Miguel Castro Reynoso, se dijo respetuoso de la determinación del juez y aunque aseguró que acatará las medidas cautelares, consideró que la determinación y el trato que se le esta dando al caso tiene tinte político.
“Yo si veo que esta determinación se esta tomando con tintes políticos. Reitero mi postura de hacer lo necesario para que esto pueda quedar lo suficiente y completamente claro. Es recurso público y ese hay que manejarse con seriedad.”
Reiteró que en ningún momento los titulares de la Sedis tiene la determinación de aprobar quienes reciben los apoyos, pues señaló que esa decisión la toma un cuerpo colegiado.
“No fueron decisiones las que nosotros tomamos al tomar un convenio, los convenios se firmaban cuando ya los consejos y comités habían tomada la decisión colegiada de a quienes se van apoyar, por eso considero que hay un exceso en el manejo de este tema”, apuntó.
Castro Reynoso dijo esperar que también sea llamados los beneficiarios de cada una de las asociaciones civiles pues fueron ellas quienes recibieron los cheques de dicho recurso.
“Aquí hay responsables, los responsables a final de cuentas tienen que ser llamados”, añadió.
Por su parte, Salvador Rizo Castelo, no quiso ahondar en cuanto si considera que esta determinación tiene un trasfondo político.
“No tengo nada que decir, yo esperaba que no nos vincularan a proceso por los elementos que dio la defensa”.
¿De qué se les acusa?
Según Miguel Castro, emitió varios cheques para organizaciones civiles en las que están: Fundación Civil para el Desarrollo Social y Comunitario, Carbono Vivo: Cambios que Inspiran Soluciones y Verde Milenio, los cheques otorgados rondaban entre los 200 y 400 mil pesos.
En el caso de Salvador Rizo, emitió tres cheques para tres distintas organizaciones entre ellas: Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario A.C., Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica y Colectivo Minerva A.C.
Rizo emitió cheques por montos respectivos por 299 mil, 269 mil y 299 mil pesos respectivamente.
En el caso de Daviel Trujillo, emitió cinco cheques para tres fundaciones con los montos referidos.
Algunos integrantes de las organizaciones civiles eran a la vez servidores públicos de municipios de Zapopan o del Gobierno del Estado.
Entre los beneficiarios de las asociaciones civiles estaban Seth Díaz Esquivel, quien era director de Ecología de Ixtlahuacán de los Membrillos y presidente de Carbono Vivo; Alina Hernández Castañeda, regidora del PRI de Tlaquepaque y presidenta de Fortasol AC; y Raúl Sánchez Jimenez, sub procurador de Investigación de Apoyo a Delitos federales de la Fiscalía General de Jalisco y tesorero de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica.
