El municipio tiene el nivel de gobierno más próximo a la vida de los ciudadanos, las acciones positivas o negativas de los ayuntamientos afectan directamente nuestra dinámica diaria.
Lamentablemente, este nivel de responsabilidad no corresponde con sus resultados, y al menos en Jalisco, pocas veces se logran cumplir siquiera las atribuciones que les otorga el Art. 115 de la Constitución.
Uno de los brazos débiles del municipio, es la falta de contrapesos internos y externos.
Hacia el interior de la estructura institucional, uno de las áreas con mayor posibilidad de ser un contrapeso real son las contralorías (también llamados órganos internos de control), las cuales fueron creadas para vigilar el buen uso de los recursos públicos, el cumplimiento de responsabilidades por parte de los funcionarios, además de investigar y hasta sancionar a quienes incumplen su labor. El principal problema es que los contralores no tienen independencia de nombramiento, menos técnica y operativa para ejercer su función.
En el estado, se ha debatido sin mayor profundidad la posible modificación de procesos de nombramiento de contralores municipales, un ejemplo a revisar es la forma en que se eligió el actual contralor de Guadalajara.
Los esfuerzos por darle un nuevo aire al sistema estatal anticorrupción, pueden traer oportunidades para fortalecer las contralorías municipales de Jalisco.
Incluso, podemos revisar otros modelos del país tanto en el nombramiento como en la distribución de responsabilidades de vigilancia: en Chihuahua, el síndico tiene algunas funciones de auditoría interna y llega al cargo mediante elección popular libre, lo cual implica mayores posibilidades de ser independiente y un posible contrapeso. En Mazatlán, la síndico procurador actual y sus atribuciones juegan un papel interesante en el municipio, aunque se elige mediante la planilla del alcalde.
Todo esto sin olvidar los cambios que requiere el caso de los regidores, quienes se quedan cortos en el papel de equilibrar la toma de decisiones en los cabildos, tanto en materia presupuestal como normativa y estructural.
Saliendo de la burocracia municipal, tampoco se ha logrado poner en marcha mecanismos de participación ciudadana que funjan como contrapesos sólidos para incidir en que la gente tenga mejores servicios públicos, espacios, calles, seguridad.
Aún y cuando se han creado consejos consultivos, presupuestos participativos, entre otras figuras, éstas se han quedado cortas y no nos han puesto al centro de los problemas, ni nos han hecho parte de las decisiones. Muchos de estos consejos se quedan en reglamentos pero no se ponen en marcha, no hay contralorías sociales, y el modelo de presupuesto participativo que más se ha usado en Jalisco contempla que los ciudadanos prioricen de una lista de obras previamente integrada, de la que no fueron participes, ¿cómo elegir entre 10 obras cuando probablemente todas son necesarias?
Necesitamos que los consejos y las contralorías sociales se instalen, sean vinculantes, motiven dinámicas de interacción y construcción de soluciones entre ciudadanos y gobierno.
Además de la participación ciudadana, es importante la labor de observación y acompañamiento que pueden realizar organismos constitucionales autónomos como el ITEI e IEPC.
Y así como ciertas condiciones del municipio limitan la existencia de contrapesos, su proximidad con lo que vivimos nos da oportunidades de actuar para seguir abriendo espacios, cambiando normas, pero sobre todo construyendo voluntades, capacidades institucionales y generando mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas fuertes, tanto internos como externos de la a veces tan lejana instancia municipal.
