A través de un desplegado, el Comité Universitario de Análisis sobre asuntos de interés públicos en materia de Agua y Energía de la Universidad de Guadalajara, se pronuncia en contra de la conclusión de la Presa El Zapotillo y del nuevo acuerdo para la distribución de agua firmado entre los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato.
En el desplegado, plantea que a la fecha “no existen elementos objetivos que permitan sostener la factibilidad de la presa, la elevación de la cortina a 105 metros, y mucho menos el trasvase a otra cuenca”.
“Se debe aplicar el principio precautorio en proyectos con tan alta incertidumbre hidrológica y ambiental, porque la seguridad humana y alimentario de Jalisco y el país no se debe poner en riesgo”.
Además califica de “contrasentido” que El Zapotillo pretenda abastecer a los Altos mediante un costoso bombeo que será concesionario a empresas privadas y que serán los propios alteños quienes tengan que pagar por el agua, sumando que generaría grandes consumos de energía lo que representa emprender acciones contrarias a la mitigación del cambio climático.
A su vez, disminuirá la oportunidad de Guadalajara para recibir agua del Río Verde, lo que implicaría mayor extracción al Lago de Chapala, cuyos niveles han disminuido en las ultimas décadas.
El desplegado advierte que tanto la infraestructura como la operación del acueducto a León conlleva la inminente privatización del agua, la cual es un derecho humano.
“El agua es un derechos humano, pero según el Foro Económico Mundial, se ha convertido en el petroleo del siglo XXI , asociada a oligopolios transnacionales, a nivel mundial los proyectos de presas y trasvases han estado plagados de corrupción a los mas altos niveles, isa como de graves consecuencias ambientales, humanitarias y económicas”.
El Comité Universitario a cargo de su coordinadora, Karla Alejandra Planter, propone la conformación de un grupo de trabajo insterinstitucional e interdisciplinario integrado por especialistas de la SEMARNAT, CONAGUA, de Jalisco y Guanajuato, así como instituciones científicas nacionales e internacionales para determinar la actualización o revocación de lo decretos federales y generar los instrumento técnicos para garantizar un adecuado manejo del agua.
