En tiempos en que la calificación crediticia de México se encuentra permanentemente amenazada, el peso sube y baja por las decisiones del Gobierno Federal, la generación de empleos no es lo acostumbrado, y definitivamente el poder adquisitivo del ciudadano común no se ve que vaya a mejorar pronto; el Gobierno del Estado tiene que dar pasos sigilosos en la implementación de cualquier medida que pueda afectar, aunque sea un poco, la productividad del Estado.
Como es el caso del Plan de Restricción de Vehículos de Carga Pesada en la ZMG. Un plan que desde hace mucho tiempo se ha planteado pero no ha habido la voluntad política para llevarse a cabo.
Estos camiones de carga pasada, pero principalmente los tráileres de doble remolque, son los protagonistas no sólo del 20 por ciento de los accidentes viales en la ZMG, sino también han sido los responsables de grandes tragedias por la falta de mantenimiento principalmente a sus sistemas de frenos, casos en los que los tráileres se han llevado de corbata a más de un automovilista.
Un ejemplo claro de esta negligencia, fue el terrible caso de la clavadista tapatía Diana Díaz, quien estaba por participar en la Olimpiada Nacional 2011 y que falleció en un accidente automovilístico en marzo de ese año. La joven y sus padres murieron en la caseta Plan de Barrancas de la Autopista Guadalajara-Tepic, cuando un tráiler se quedó sin frenos y embistió a varios carros.
Si bien es cierto, los transportistas de carga aseguran hacer su parte y mantener un rígido control de mantenimiento, el cual no se ha visto demostrado; también es cierto que el paso constante por nuestra ciudad de los vehículos de carga, es representación de la productividad que hay en nuestro Estado.
Es por eso, que fue una gran sorpresa para el sector empresarial, el anuncio del Gobierno del Estado de que este plan se implementaría en tan solo 90 días y que el próximo 03 de julio empezarían las mesas de trabajo con la IP, para que puedan reprogramar sus logísticas por las rutas y horarios que les establezca el gobierno estatal.
Las primeras impresiones del sector empresarial, principalmente del presidente de la CANACAR en Jalisco, José Antonio Rivas fue que esta restricción traerá pérdidas económicas a la entidad, además de amenazar con judicializar el proyecto.
Tal y como ocurrió en Monterrey, cuando el gobierno intentó también restringir el paso de los vehículos de carga; los transportistas se ampararon contra la decisión gubernamental y le ganaron la partida, con una suspensión del Pleno del Cuarto Circuito, que decidió por mayoría de votos que había un agravio contra los transportistas y que su función es de interés público.
“Ya que trasladan diversos artículos, insumos, productos y bienes de primera necesidad, cuya falta de abastecimiento podría perjudicar a la sociedad”, dictó dicha resolución.
No pinta nada bien el panorama previo a la mesa de trabajo que arrancará, pues los empresarios llegarán a sabiendas que pueden levantarse de la mesa en el momento que quieran, pues ya hay un antecedente de que este tipo de decisiones pueden pararlas con un simple amparo, el cual en Jalisco se consigue más fácil que un kilo de tortillas.
Ojalá el gobernador del Estado y su equipo de trabajo, piense dos veces, antes de volver a anunciar una medida sin el consentimiento pleno de la parte afectada, porque aunque son buenas las intenciones, de nada servirá si terminan judicializando las medidas.
