El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), respalda al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su postura y próximas negociaciones que se realicen entre México y Estados Unidos.
Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de INDEX, aseguró que México tiene una oportunidad histórica para lograr soluciones por la vía rápida y antes del próximo 9 de junio; señala que ante la posibilidad pronunciada de que se graven todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos con un arancel del 5%, es necesario que ambos paises acuerden separar los asuntos de la migración de los comerciales “porque son circunstancias muy distintas”.
“Proponemos que México establezca acciones transparentes y asuma los compromisos correspondientes ante los asuntos migratorios que reclama Estados Unidos, por los propósitos de los migrantes de Centroamérica que buscan su ingreso a ese país”, dice el presidente en un comunicado.
Ademas de que el Presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador haga valer que un arancel del 5% no sólo afecta al
consumidor americano, sino a las mismas empresas estadounidenses que producen el 40% del contenido nacional de las exportaciones de México a la misma Unión Americana.
“El arancel inesperado repercute internamente a la industria de exportación no sólo en torno a lo que representa el 5% del arancel en costos, sino en la referencia de que, ante un descontento, el dígito puede ir en aumento como sucede con la República China”, señala.
Agrega que un ajuste de criterios entre ambos países, asegura para México y para los Estados Unidos grandes exportaciones. “México envía por carretera, un promedio diario de 755 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Estados Unidos a México tienen una media de 485 millones de dólares diarios, considerando las estadísticas de todo 2018”.
El presidente de INDEX, aconsejó que el Presidente de México promueva inmediatamente la cooperación al amparo del compromiso de la iniciativa de gestión de fronteras bilaterales, suscrita en el marco de la “Declaración sobre la gestión de fronteras en el siglo XXI” que se anunció en 2010, que está vigente y obliga acelerar el comercio legítimo, mejorar la seguridad pública, la gestión de riesgos de seguridad, involucrar a las comunidades fronterizas y establecer políticas para abordar posibles cambios legales, regulatorios o de infraestructura que
permitan a los dos países mejorar la colaboración.
