Por: Doctora Lucía Almaraz (@DraLuciaAlmaraz)
Imagen: Política Comunicada
La desconfianza ciudadana que existe en las instituciones de procuración de justicia y administración de justicia originan un grave problema de legitimidad y de cumplimiento con las demandas sociales, particularmente por el secretismo y opacidad en la que se viven. La confianza ciudadana en el sistema judicial mexicano en el 2016 se situó en 32% de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México ocupa el cuarto lugar del índice global de impunidad 2017, encabezando la lista de países del contienen americano con el más alto índice impunidad.
Un mecanismo que ha abonado en otros países a incrementar la confiabilidad en sus tribunales es la denominada Justicia Abierta que no es otra que un modelo de gobernanza que busca transformar la relación entre el Estado y la sociedad, con el fin de fortalecer la democracia. La justicia abierta representa una oportunidad para abrir y modernizar los tribunales mexicanos.
Busca mejorar la accesibilidad del servicio de justicia a la ciudadanía al promover su participación en los procesos de deliberación y transparentar las decisiones judiciales, así como visibilizar a los tribunales durante su quehacer institucional. Su enfoque es hacer que la ciudadanía sea el eje del servicio público, al buscar la mejora en los mecanismos que garantizan los derechos fundamentales a través de políticas de transparencia, el acceso a la justicia y la ciudadanización del trabajo y del lenguaje legal.
Una primera oportunidad para el Poder Judicial en el Estado radica en que sus jueces emitan sentencias redactadas en lenguaje claro y comprensible para que sirvan como instrumento de comunicación, utilizando una argumentación sólida y una estructura adecuada.
Aplicar el principio de transparencia en el Poder Judicial es vital para recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales. La transparencia en este ámbito implica dar a conocer a la ciudadanía la labor de la administración de justicia y mejorar el rendimiento y la calidad del servicio público de justicia.
El modelo de justicia abierta se ha implementado por ejemplo en los países bajos que cuentan con un sistema digital que brinda soporte al Poder Judicial, permite dar seguimiento a un caso a través del acceso remoto, desde su inicio hasta su resolución. Otro ejemplo es Finlandia que cuenta con una base de datos automatizada que incluye toda la información de los casos que se llevan ante el sistema de justicia.
Por otro lado, Portugal por ejemplo tiene un sitio web donde los jueces, fiscales, ministerios públicos y abogados pueden presentar documentos y escritos, realizar notificaciones electrónicas y emitir alertas sobre la tramitación y resolución de casos. En México se cuenta con una experiencia exitoso en la Sala Regional de Monterrey, en donde elaboraron un manual que busca que las sentencias puedan ser leídas y comprendidas fácilmente por la ciudadanía, bajo el esquema de emisión de sentencia con un lenguaje claro, extensión razonable, estructura adecuada y una argumentación sólida.
El poder judicial del Estado de Jalisco se ha caracterizado por ser una de las instituciones más cerradas en el acceso de la participación ciudadana dentro de sus procesos institucionales, es por ello que en este momento resulta urgente que el Poder Judicial abra sus puertas a la ciudadanía; ya no solo es necesario “transparentar” información, es necesario que esta información sea útil para el ciudadano, el usuario de sus servicios y de toda aquella persona interesada en el tema de administración de justicia.
Por ello resulta inminente que el Poder Judicial se sujete a un modelo de justicia abierta, considerando los siguientes puntos:
- Implementar procesos transparentes de selección de jueces y de personal administrativos encargados de resolver casos.
- Incidir sobre la educación a la población sobre la justicia abierta.
- Permitir la auditoría por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, de casos en sede administrativa y en sede judicial.
- Impulsar la figura participatory justice,como un modelo de solución a las problemáticas donde las partes participan activamente en la búsqueda de soluciones.
- Considerar la herramienta del amicus curiae, a través de la cual el Poder Judicial solicita a personas e instituciones con trayectoria en un tema su opinión frente a un caso particular.
El Poder Judicial del Estado debe publicar y difundir, al menos, información sobre estos tres aspectos:
- Resoluciones judiciales: todas las sentencias deben ser publicadas.
- Estadísticas: el conjunto de datos cuantitativos que describen la conformación y actividad de los tribunales. La estadística judicial debe proporcionar toda la información necesaria acerca de las dimensiones que conforman lo que es un buen sistema de justicia o, en clave negativa, se refiere a los problemas que padecen los sistemas judiciales.
- Información presupuestaria y administrativa: toda información relativa a la asignación presupuestaria del Poder Judicial y a su ejecución. Incluyendo todo lo relativo a las licitaciones para compras y contrataciones.
El Poder Judicial del Estado se ha resistido durante décadas abrir sus puertas a la ciudadanía, de ahí el grado de desconfianza que existe sobre sus funciones y resultados.
Es por ello que debemos comenzar a impulsar socialmente los aspectos que componen la justicia abierta, este modelo deberá adoptarse por el Poder Judicial no solo en el discurso sino en la realidad con resultados tangibles.
Es prioritario que el líder del proyecto sea el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es él quien debe adquirir el compromiso con la sociedad sobre este cambio de paradigma de un Poder Judicial oscuro y lacrado a migrar a la apertura y a la búsqueda de la confianza ciudadana, que tanto hace falta a este poder.
