El pasado 1 de julio arrancó formalmente el diálogo para la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque México se presenta a la mesa con compromisos cumplidos en el papel, especialistas en la materia coinciden en que la realidad operativa muestra rezagos, deudas pendientes y obstáculos sistémicos que prometen ser el centro de la discusión bilateral.
Eduardo Guerrero Hernández, abogado laboral senior en la firma Garrido Licona y Asociados, señaló en entrevista para El Economista que México alcanza esta revisión con “avances estructurales sólidos en democracia sindical y justicia laboral”. El especialista recordó que el establecimiento del voto personal, libre, directo y secreto para elegir directivas y aprobar Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) marcó un antes y un después en la historia jurídica del país.
Por su parte, el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral individual y colectivo, coincidió para El Economista en la magnitud de este avance:
“Durante 100 años ese mecanismo no existió para elegir dirigentes sindicales, resolver titularidades o aprobar contratos colectivos. Ese cambio representa, quizá, el logro más importante de la reforma laboral”.
Los obstáculos en la práctica: El reto de la negociación colectiva
A pesar de que la Ley Federal del Trabajo (LFT) garantiza estos derechos, la transición de la teoría a la práctica enfrenta severas barreras. Fuentes Muñiz advierte que, si bien ahora es más sencillo registrar un sindicato, “de poco sirve si después es casi imposible alcanzar un contrato colectivo de trabajo”.
El freno del 30% y el riesgo de despidos
Uno de los puntos más críticos señalados por el experto es el requisito de obtener el 30% de respaldo de la plantilla laboral para conseguir la Constancia de Representatividad, una carga que califica de “excesiva” y peligrosa para los empleados:
- Trabas burocráticas: El documento exige nombre completo, CURP, fecha de ingreso y firma del trabajador.
- Vigilancia e intimidación: Conseguir la CURP de los empleados de forma libre es complejo. Si se hace dentro del centro de trabajo, el empleado corre el riesgo de ser despedido; si se hace fuera, las cámaras de vigilancia y el control patronal obstaculizan el proceso.
Esta situación deja en la indefensión a una gran masa laboral. Al no contar con un sindicato con registro y un CCT vigente, la mayoría de los trabajadores no sindicalizados carece de un mecanismo legal efectivo para revisar salarios o mejorar sus condiciones de trabajo.
Contratos colectivos “fantasma”
Las estadísticas reflejan la inactividad del sector: de los más de 45,549 CCT existentes en el país, solo el 22% mantiene una actividad real. El resto se mantiene en el papel, sin emplazar a huelga ni revisar condiciones salariales, lo que urge a realizar nuevas reformas que agilicen la libertad sindical.
El Mecanismo de Respuesta Rápida y las deudas en el campo
La persistencia de malas prácticas se evidencia en la presión internacional. Guerrero Hernández reconoció que aún existen vicios sin resolver, reflejados con claridad en los 48 casos presentados ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, donde acusó que “persiste la injerencia dentro de la vida sindical”.
| Problema Crítico | Situación Actual según Especialistas |
| Injerencia Sindical | Activa, con 48 casos detonados en el marco del MLRR. |
| Trabajo Infantil | En una tendencia al alza, especialmente en sectores vulnerables. |
| Trabajo Forzoso | Persiste en el mercado laboral a pesar de los compromisos de erradicación. |
El campo mexicano: Inspección insuficiente
A pesar de esfuerzos de verificación como el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), el sector agrícola sigue siendo el eslabón más débil. Manuel Fuentes explicó que en las zonas rurales tanto los dueños de los cultivos como los propios padres de familia —por extrema necesidad económica— encubren el trabajo infantil y forzoso.
La solución estructural topa con la falta de recursos: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no cuenta con el personal necesario. “En muchos lugares hay personas que deben recorrer hasta cinco horas para llegar a una autoridad laboral”, subrayó Fuentes Muñiz, haciendo hincapié en la urgencia de elevar el presupuesto para contratar más inspectores en las zonas de mayor riesgo.
La revisión del T-MEC obligará a México no solo a presumir sus leyes modificadas, sino a demostrar con presupuestos y métricas de campo que la justicia laboral es una realidad cotidiana y no un cumplimiento de escritorio.
