- La hermana de Emilio Lozoya pagó una garantía de 29 mil pesos contra órdenes de captura; mañana una jueza resolverá si es vinculada por presunto lavado de dinero.
Horas antes de que se defina su situación jurídica, Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), promovió un nuevo juicio de amparo contra posibles actos privativos de la libertad, órdenes de aprehensión o de presentación en su contra. Para que esta medida cautelar surta efecto y evite ser detenida, la imputada deberá cubrir una garantía económica de 29 mil pesos.
Este movimiento legal ocurre tras la accidentada audiencia inicial del viernes pasado por el caso Agronitrogenados, donde la Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la acusación en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La acusación de la FGR: El soborno millonario de 2012
Durante la comparecencia, el Ministerio Público de la Federación imputó a la hermana de Emilio Lozoya por presuntamente conocer y coparticipar en una red financiera diseñada para blanquear activos de origen ilegal.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, Gilda Susana habría participado en las transacciones con las cuales, en el año 2012, se “lavaron” 3.4 millones de dólares. Dicha cantidad, sostiene la Fiscalía, corresponde al soborno que Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), le entregó a Emilio Lozoya con el objetivo de facilitar que Pemex adquiriera a sobreprecio la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.
Los reveses de la Fiscalía y la libertad condicional
Pese a la gravedad de los señalamientos, Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, determinó que Gilda Susana Lozoya llevará su proceso en libertad condicional.
Aunque la juzgadora calificó como legal la detención realizada por agentes ministeriales, el debate de las medidas cautelares significó un duro revés para la FGR debido a omisiones en la investigación:
Sin pruebas de búsqueda: La jueza consideró que la FGR no aportó pruebas que demostraran haber investigado activamente el paradero de la acusada durante los últimos tres años.
Falta de citatorios: Las autoridades no acreditaron haber citado formalmente a Gilda Susana para comparecer ante el Ministerio Público ni ante un órgano judicial antes de proceder con su captura.
Prisión preventiva denegada: El Ministerio Público Federal no presentó elementos de prueba sólidos que justificaran la necesidad de mantenerla en prisión preventiva justificada mientras se resolvía su estatus legal.
El futuro inmediato de la imputada se decidirá mañana martes, cuando la jueza García Peralta determine, con base en las pruebas expuestas por ambas partes, si existen los elementos jurídicos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
