Una vez más compartiendo con ustedes una reflexión, análisis o impresión sobre otra de las joyas de lo que será la corona del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Es principalmente, dirigido para quienes han criticado los proyectos que ha emprendido el presidente, desde el inicio de su administración.
El fracaso de los ferrocarriles mexicanos bajo el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y la posterior privatización de este sistema vital es un capítulo oscuro en la historia reciente de México. Un país que solía ser recorrido por trenes de pasajeros, conectando regiones distantes y brindando un servicio crucial a sus ciudadanos, vio cómo este servicio se extinguía en nombre de la eficiencia y la modernización. Sin embargo, la modernización nunca llegó. Lo que quedó fue un país desconectado, una red ferroviaria fragmentada y un servicio de transporte que se convirtió en un lujo inaccesible para la mayoría.
La privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México en la década de los 90, promovida y ejecutada por Zedillo, no fue más que otro acto de sumisión a las políticas neoliberales que favorecen el interés privado sobre el bienestar público. En lugar de invertir en la mejora y modernización de la infraestructura ferroviaria, el gobierno de Zedillo optó por venderla al mejor postor, dejando a millones de mexicanos sin un medio de transporte accesible y eficiente.
Las concesiones otorgadas a grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras, fueron presentadas como una solución a los problemas del sistema ferroviario. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue la desmantelación de un servicio público en beneficio de intereses privados. Hoy en día, los trenes de pasajeros en México son prácticamente inexistentes, y la infraestructura que alguna vez fue el orgullo del país ahora está al servicio exclusivo del transporte de carga, manejado por empresas que priorizan el beneficio económico sobre el servicio al público.
Pero no todo está perdido. Bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el país ha visto un renovado interés en devolver a los mexicanos lo que nunca debieron perder: un sistema de trenes de pasajeros que conecte a las regiones más alejadas del país y que sirva como motor de desarrollo económico y social. El proyecto del Tren Maya, uno de los más ambiciosos de esta administración, es un ejemplo claro de esta visión.
A pesar de las críticas infundadas de la oposición, que han intentado desacreditar el proyecto desde todos los ángulos posibles, el Tren Maya representa una oportunidad única para revitalizar el transporte ferroviario en el sureste de México. Este tren no solo conectará destinos turísticos importantes, sino que también llevará desarrollo a comunidades que durante décadas han sido olvidadas por el gobierno central.
Los opositores, quienes ven con desdén todo lo que proviene de la administración de López Obrador, no han cesado de lanzar ataques al proyecto, señalando supuestos impactos ambientales y sociales. Sin embargo, el gobierno ha tomado medidas para mitigar estos impactos y ha consultado a las comunidades indígenas, desmintiendo las acusaciones de quienes buscan detener el progreso del país.
Es fácil criticar desde la comodidad de un escaño político o desde los medios de comunicación que han servido a intereses específicos durante décadas. Lo difícil es reconocer que el país necesita un cambio profundo, un cambio que López Obrador está impulsando con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Este último, el Corredor Interoceánico, es un proyecto que promete transformar la región sur de México en un eje de desarrollo económico y logístico de alcance global. Conectando el océano Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, este corredor no solo ofrecerá una alternativa viable al Canal de Panamá, sino que también impulsará el comercio internacional y atraerá inversiones a una de las regiones más marginadas del país. Nuevamente, los opositores no han tardado en alzar la voz, pero sus argumentos se desmoronan frente a la realidad: México está avanzando hacia un futuro en el que su infraestructura será clave para el desarrollo integral del país.
Es aquí donde la memoria histórica debe jugar un papel crucial. No podemos olvidar cómo el gobierno de Ernesto Zedillo entregó la infraestructura ferroviaria del país a intereses privados sin ningún beneficio real para la población. No podemos ignorar el hecho de que la desaparición de los trenes de pasajeros fue un acto de negligencia y abandono que afectó a millones de mexicanos. Y, sobre todo, no podemos permitir que los mismos actores que fueron cómplices de esta privatización ahora intenten frenar los esfuerzos por devolver a México lo que le pertenece.
El regreso de los trenes de pasajeros bajo la visión de López Obrador y, en el futuro cercano, con Claudia Sheinbaum como presidenta, no es solo una cuestión de infraestructura. Es un acto de justicia histórica, una corrección necesaria a los errores del pasado. Es un paso hacia un México más conectado, más justo y más próspero.
Los opositores pueden seguir gritando desde las trincheras del neoliberalismo, pero la realidad es que el país necesita avanzar, y lo está haciendo. Los trenes volverán a recorrer el territorio mexicano, no como una reliquia del pasado, sino como un símbolo de lo que podemos lograr cuando el interés común prevalece sobre el beneficio privado.
En resumen, el desmantelamiento de los ferrocarriles durante el gobierno de Zedillo fue un acto de traición al pueblo mexicano. Hoy, bajo la administración de López Obrador, estamos viendo el inicio de una nueva era en la que los trenes no solo volverán, sino que lo harán para servir al desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. Los opositores pueden seguir criticando, pero la historia los juzgará por estar del lado equivocado del progreso.
