La venta de la Villa Panamericana que pretende efectuar el Gobierno del Estado este viernes a la empresa Green Life, que recientemente fue instaurada, viola dos suspensiones otorgadas por tribunales, aseguran colectivos ciudadano. Ademas de que representa un ecocidio al violar usos de suelo que impiden complejos habitacionales de alta densidad en una zona de recarga de mantos acuíferos.
Carlos Aldana, representante legal de los vecinos de Pinar de la Venta y Rancho Contento, anunció que existen dos suspensiones del Tribunal de Justicia Administrativa otorgadas a estos ciudadanos , exclusivamente para evitar la venta.
“Nos vimos en la necesidad de presentar el día de ayer un incidente de violación a la suspensión otorgada en los juicios 67/2011 y 82/2011 de la cuarta y quinta sala del Tribunal para efecto que se pueda revisar por parte del Tribunal y haciéndoles saber que como un hecho público y notorio ante los medios de comunicación que se está pretendiendo violar la suspensión otorgada, toda vez que el anuncio de la compraventa del 30 de agosto se estarían violando las suspensiones”.
El tribunal tendrá de tres a cinco días para notificar a las autoridades y que esta a su vez haga saber los motivos por los cuales se violaría la suspensión.
Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, cuestionó que la empresa beneficiada para adquirir las Villas Panamericanas está integrada por ex funcionarios estatales.
“Jaime Rábago Jiménez, trabajó en el ayuntamiento de Zapopan en 2007 como asesor, en el Gobierno del Estado en 2016. Otro de los integrantes de esa nueva empresa es un señor Huerta Hoyos, que ha sido representante de Corey. Esto huele mal, están simulando actos para obtener su objetivo específico y eso poco a poco se va a ir develando toda esta situación”, explicó Alejandro Cárdenas.
Se dijeron conscientes de que puede venir una campaña de desprestigio en su contra, pero aseguraron que permanecerán firmes para evitar lo que calificaron de “ecocidio”.
El monto de la venta sería por 1,500 millones de pesos. El gobierno de Jalisco argumenta que con esos recursos el Instituto de Pensiones recuperará dinero de los fondos de retiro de los burócratas.
