En lo que va de 2019, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de nuestro actual proyecto de nación, ha sido víctima de uno de los grandes males de las administraciones pasadas: las llamadas “empresas fantasma”.
Dichas empresas, constituidas como cualquier sociedad mercantil para poder ser consideradas empresas, son unidades de producción, distribución o comercialización de bienes o servicios con fines de lucro, que una persona física o moral puede dar de alta ante el SAT.
Sin embargo, la denominación de “empresa fantasma” refiere a una compañía que se utiliza ilícitamente para efectuar operaciones simuladas sin tener activos reales, o son utilizadas como “velos” corporativos con la única finalidad de defraudar o eludir la aplicación de la ley.
Pero en el nuevo proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción no es una simulación. En la cuarta transformación estamos enfocados por medio de la legislación fiscal, la de competencia económica, la administrativa y la de prevención del lavado de dinero, en levantar por completo ese velo corporativo para todas las “empresas fantasma”, y así evitar que se siga cometiendo cualquier tipo de ilícito y fraude.
Tan sólo en el transcurso de este año, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma. Esto ha sido posible porque a pesar de que estamos en un profundo proceso de trasformación y limpieza en el nuevo gobierno, aún se han logrado filtrar y continuar en el SAT las tan lamentables prácticas emanadas de los gobiernos anteriores que tanto han lacerado a nuestro país, que permitían la permanencia de empresas inexistentes.
Lamentablemente la situación de las contrataciones públicas representa una de las áreas del gobierno más proclives a la corrupción, con efectos negativos como el aumentar o disminuir la competencia, maximizar o desperdiciar recursos y provocar daño patrimonial o beneficio privado; por lo tanto, resulta indispensable reforzar los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno.
Este talón de Aquiles representó en 2018 una afectación al fisco de 900 mil millones de pesos, equivalente a 17 por ciento del presupuesto y casi 4.0 por ciento del PIB, por lo que es sumamente necesario detener este despilfarro fiscal, ya que de no ser así se prevé que para 2019 serán alrededor de mil 16 millones los que se mermarán por esa partida. Las tres dependencias con mayor número de adjudicaciones directas son precisamente el IMSS, Diconsa e ISSSTE (1).
Es importante resaltar que respecto a los dos sexenios pasados, Felipe Calderón Hinojosa adjudicó de manera directa, en su último año de gobierno, casi el 67.7 por ciento de los contratos; por su parte, Enrique Peña Nieto lo hizo en el 76.2 para el mismo periodo al final de su mandato (2).
Como senador de la República del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, tengo la obligación de trabajar para eliminar todas las formas de corrupción orquestadas en las pasadas administraciones. De la mano de mis compañeras senadoras y senadores de Morena, y muy particularmente de nuestro coordinador Ricardo Monreal, estamos buscando mecanismos para eliminar todo tipo de defraudación fiscal que ponga en peligro nuestra estabilidad como nación.
Esta iniciativa busca lograr un cambio sustancial en nuestro marco legal para alcanzar una justa y transparente recaudación fiscal en el ejercicio de los recursos públicos, reforzando la fiscalización y eliminando todas las formas de corrupción que nos fueron heredadas.
