Lo que en otros momentos habría sido un escándalo de consecuencias inimaginables, hoy empieza a tratar de normalizarse o verse – peligrosamente – de forma no tan grave. Me refiero al caso de la aprobación de un periodo de 5 años para el nuevo Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, cuando originalmente estaba estipulado en la constitución que gobernaría solo dos años, debido a la reforma que se realizó en 2014 para empatar las elecciones locales de distintos estados con las concurrentes federales de cada 3 años, y evitar jornadas electorales en distintos años y meses.
Lo más sorprendente es el cambio de discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando se habló por primera vez de esta ampliación del mandato de Bonilla, dijo que estaba mal y ayer en su conferencia de prensa matutina, se lavó las manos, como lo hiciera el gobernador romano Poncio Pilato, para dejar que se crucificara a Cristo, según la biblia.
En lugar de condenar severamente esta acción y de manifestarse a favor de la democracia, porque independientemente de qué partido sea, este regalo de años en el poder por una decisión en la mesa y no en las urnas, es un acto antidemocrático. Nada justifica esta acción, porque el señor Bonilla fue electo por 2 años y no por cinco.
El presidente se lavó las manos y se escudó en el hecho de que diputados de otros partidos como el PRI y el PAN también aprobaron la ampliación. Sin embargo, hay rumores de que cada uno recibió un millón de dólares como pago por evento, es decir, pago por ese carísimo voto para lo que muchos han llamado un golpe de Estado chiquito.
El discurso debería ir en sentido de investigar si hubo corrupción con los diputados de oposición y manifestarse en contra de este hecho.
Por su parte, en una entrevista que dio a un grupo de radio nacional, el gobernador Bonilla, quien entrará a su cargo el 1 de noviembre, aplicó el famoso refrán popular: lo caído caído y si aunque se dice respetuoso de la decisión que vaya a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si fue constitucional o no esta decisión, también lanzó una serie de argumentos que son inaceptables en la figura de un hombre que hizo campaña para ganar una gubernatura de dos años y no de cinco.
El señor Bonilla dice que la gente le apostó a los cinco años, pero dónde quedan las leyes y la constitución; en todo caso, la reforma que se hizo en 2014 tendría que tener una posibilidad de reelección para los gobernadores de periodo corto, pero no hay esa figura y aplicar por un decreto esa ampliación es una injusticia contra todos aquellos gobernadores de otros estados que han estado entre 2, 3 y 5 años, y no 6 como originalmente se constituye un gobierno estatal.
Además, se ampara en el argumento de que el voto fue para un cambio y para sacar al PAN del poder, sin embargo, si ese argumento lo aplicaran todos los gobernadores electos, podrían pensar en quedarse 5, 10 o hasta 15 años en el gobierno porque solo así garantizarían un cambio y un proyecto a largo plazo que justifique ese cambio, lo cual me parece absurdo y completamente dictatorial.
Esperaremos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que espero revoque esta decisión, no porque me parezca que Bonilla no pueda ser un gran gobernador o porque Morena no merezca más tiempo en el poder, sino porque hay unas reglas del juego con las que entró Bonilla y ahora las cambian en el Congreso.
Además, normalizar la ampliación de mandato en Baja California podría ser un peligroso antecedente que en su momento – independientemente de que firme ante notario para no hacerlo – podría ser una tentación para el Presidente López Obrador de quedarse más tiempo en el poder, porque el pueblo lo pidió o porque sus propios datos así lo justifican.
