Muy poco, tal vez nada hablamos de los supuestos sobre los que descansa nuestra sociedad; o para ser más precisos: las concepciones originarias subyacen de alguna manera en el imaginario de algunos de los más visibles miembros de la clase gobernante, a pesar de que la realidad las haya distorsionado o remodelado profundamente. Pongamos algunos ejemplos: quienes redactaron la Constitución y la gente que entonces vivía, seguramente entendían de manera muy diferente el concepto presidente de la República, la sola mención los remitía a los mandatarios que tenían más a la mano: Porfirio Díaz, Madero, Huerta, Carranza, quizá algunos pensaban en Juárez; los hechos de ellos, los buenos y los malos, nutrían la idea de lo que un presidente era y por supuesto, de lo que deseaban que fuera. Cuando por estas fechas decimos presidente de la República, a quién o a quiénes tenemos en mente, cuál es la noción que poseemos de él y de su trabajo, creo que no sería un despropósito afirmar que no es la mejor, incluso no pocos, no pocas asocian al titular del Poder Ejecutivo con corrupción, con incompetencia y con muchos de los pesares que nos lastran; por supuesto, no faltará quien respingue y revire: pero Andrés Manuel López Obrador goza de un gran aprecio popular; sin duda, la cosa es que esa valoración positiva de él como presidente tiene más que ver con su persona que con el cargo, al menos hasta este día.
Pero igual sucede con otras posiciones en el gobierno. Hace no tanto ser secretario de Estado o gobernador o titular de una cartera en cualquier entidad del país, remitía a sujetos, hombres y mujeres, inteligentes que infundían respeto, asumíamos que eran conocedores de su materia o cuando menos capaces de aprenderla rápido; en cualquiera de los supuestos, compartían una característica: sabían valerse del poder que detentaban, lo que no significa que actuaran exclusivamente en favor de la sociedad. Pero cuidado, hablo sólo de lo que estaba en lo que podemos llamar la opinión pública generalizada, sabemos que entre los especialistas del análisis social y político todas esas figuras poderosas eran diseccionadas acuciosamente y sus falencias siempre fueron expuestas, más o menos y en función de la cantidad de libertad de expresión disponible en cada época.
Hoy, la gran mayoría de los políticos en condiciones de ejercer presupuesto y de tomar decisiones, de toda índole, que afectan a las comunidades a las que en teoría deben servir, perdieron el empaque de antaño; un tanto debido a la transparencia que los evidencia, también porque la sociedad es más crítica y cuenta con más vías a su alcance para expresarse, pero sobre todo: porque la calidad de vida de los más no corresponde con los discursos políticos, ni con el dinero del presupuesto gastado y mucho menos con el aura de eficacia y de poder que se auto confieren los gobernantes; en suma: si por sus obras los conoceréis, y con la certeza, entre las personas, de que la corrupción es la práctica mayormente compartida por la clase política, no hay muchas, muchos que conciten admiración y respeto.
Recientemente están en el estrado supuestos que no habíamos colocado en la vitrina de la evaluación, los sometemos a un juicio en el que el jurado parece tener preparado desde ya el veredicto: la representación que de jueces y magistrados se impone ahora entre los mexicanos, en los que viven en Jalisco en particular, ya poco tiene que ver con la que perduró mucho tiempo: los impartidores de justicia, adustos, sabios, intachables y puntales para que la sociedad pudiera desarrollarse confiada, pues los conflictos serían dirimidos por ellos en paz y sin favoritismos. Por estos días, la figuración que prevalece es la de magistrados y jueces como personajes que ganan mucho dinero y que están dispuestos a obtener más si el caso y quienes lo promueven lo ameritan… no zanjan las pugnas con la ley en la mano, las ahondan y dejan, sin empacho, la sospecha de que el acceso a la justicia que tutelan está directamente relacionado con lo abastecida que esté la cartera de quien debe recurrir a ellos. Recuerden: esta generalización corresponde a la idea más común que de boca en boca se esparce, lo que no significa que todos los jueces y todos los magistrados se ajusten a lo descrito.
Pero lo anterior, que haya entre los gobernantes, de los tres Poderes, quienes se ciñen a la vieja concepción que de ellos y de su función teníamos, y que a un tiempo las actitudes nefastas y dañinas de otros sean cada vez más visibles, es precisamente lo que nos pone en condiciones de sopesar y recomponer los supuestos. En el principio, el diseño de la república consistía en que los cargos de elección popular serían ocupados por personas con alta calidad moral y profesional y en consecuencia, las y los designados por estos tendrían atributos semejantes: los partidos políticos postularían a personas capaces y honestas, el presidente y los gobernadores y los alcaldes se acompañarían de los mejores, los diputados y los senadores designarían a las personas idóneas para el Poder Judicial, para el servicio exterior, etc. Simplemente, salvo las ya invocadas excepciones, no sucedió de este modo. El poder público se volcó a servir exclusivamente a los poderosos que muy rápido entendieron que para detentar el mando a plenitud necesitaban rodearse de quienes no los pusieran en entredicho, de aquellos que no olvidaran que lo central era estar al servicio de quien los había nombrado y de sus intereses; la historia, la nación, la Carta Magna y la decencia eran simples referencias en el mapa de la codicia.
Por estos días debatimos en Jalisco el proceso cuyo desenlace sea que elijamos a las mujeres y a los hombres que en verdad se desempeñarán como los magistrados que nuestro anhelo de justicia exige. Es tan intensa la discusión y el fin tan claro, que sólo eso es ya ganancia; sin embargo, el mecanismo de nombramiento es apenas uno de los requisitos para lograr la muda que urge al Poder Judicial, queda por desenmarañar todo el ambiente en el que pretendidamente debe impartirse justicia: presupuesto, tecnología, transparencia, rendición de cuentas, servicio civil de carrera. Y ya ciertos de que es relevante que los nombramientos importantes sean abiertos y rigurosos, pero más que nada: aprovechando el impulso por examinar a quienes sin más mediación que la decisión de una persona ejercen una autoridad que no nos ha dado seguridad, igualdad ni justicia, instauremos procedimientos para asegurarnos de que al gabinete del gobernador, a los puestos administrativos del Congreso y a las burocracias de las alcaldías, sólo accedan quienes sean debida y públicamente evaluados. Porque las evidencias son contundentes: nada de lo anterior ha funcionado. Si la solución somos todos, intervengamos todas las designaciones.
Sí, el Poder Judicial necesita abrirse, cambiar, ponerse franco de cara a las y a los jaliscienses, pero ¿los otros dos poderes no están urgidos de lo mismo? Otra vez: las evidencias son contundentes.
