La oposición se quedó sin el porcentaje requerido en procura de promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial y por eso solo le queda acudir a instancias internacionales para reclamar y pedirle a gobiernos estatales y municipales que también hagan lo propio.
En la Cámara de Diputados, PRI, PAN y MC suman 134 curules y están lejos de las 165 que deben sumar para ser la tercera parte que la Constitución exige como requisito con el objetivo de interponer una controversia constitucional.
Tras el viraje del ex panista, Miguel Ángel Yunes, las tres bancadas opositoras tienen 42 senadores, llegando a suponer que el emecista Daniel Barreda siga votando con la oposición, lo que no hizo en la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, 43 senadores son 33 por ciento.
Para no ir más lejos, la semana pasada el PAN confirmó que combatiría legalmente en la propia Suprema Corte por la vía de la acción de inconstitucionalidad, pero que no le dan los números hasta el momento.
En ese sentido, los otros entes legitimados son la CNDH, que ya confirmó que no impugnará; el INE que ya se encuentra listo para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros; el INAI que está incompleto y también que no se trata de una reforma en materia de transparencia y la Fiscalía General de la República o la propia Consejería Jurídica de la Presidencia, por lo tanto, solo queda la posibilidad de que opten por impugnar mediante la vía de la controversia constitucional, algún Congreso estatal o incluso gobernador.
