- Columna de opinión.
- Escrita por: Eduardo González Velázquez.
Históricamente el estado de Chiapas no había sido un estado con un alto índice de migración hacia Estados Unidos (aunque sí existía una migración constante rumbo a la Ciudad de México y otras entidades del centro de la República), sin embargo, desde finales del siglo XX comenzó un flujo persistente hacia la Unión Americana. A lo largo del tiempo el estado del sureste más bien se había consolidado como un territorio receptor de personas migrantes llegadas principalmente de Guatemala, aunque en la última década el arribo al estado de Chiapas lo llevan a cabo migrantes procedentes de diversas latitudes.
Ahora bien, la semana pasada observamos un desplazamiento inusual de Chiapas hacia Guatemala. Fueron alrededor de 600 pobladores que salieron huyendo de Chicomuselo, Amatenango y Mazapa para internarse en los poblados Aldea Perla Escondida y el Oaxaqueño, municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango. Este arribo de chiapanecos fue confirmado tanto por la gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández como por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo ambos aseguraron que la situación en las comunidades de arribo es compleja y es necesario habilitar albergues y recibir ayuda en alimentos y medicamentos.
Lo que está detrás del desplazamiento de los pobladores es la lucha encarnizada que llevan a cabo desde 2021 las células del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como grupos independientes que buscan controlar la región de la Sierra Fronteriza para quedarse con el “negocio” del trasiego de droga, el tráfico de personas migrantes y armas.
La disputa entre los grupos criminales ha traído como consecuencia un recrudecimiento en el reclutamiento forzado de jóvenes, además de que la población en general ha estado siendo usada como escudos humanos, y sufriendo el despojo de sus tierras y casas.
Lo vivido la semana pasada no significa necesariamente un cambio en el patrón migratorio chiapaneco, sin embargo, no deja de llamar la atención y de generar preocupación los motivos que tuvieron los habitantes de aquellas comunidades para huir. De no ser atendidos los problemas de raíz que expulsaron a los indígenas al sur de nuestra frontera el panorama puede complicarse aún más, porque Chiapas se tornaría además de un territorio de arribo y expulsión hacia Estados Unidos, en una geografía dominada por el crimen organizado que expulsaría a las comunidades y podría enrolar a poblaciones migrantes en sus actividades ilícitas.
Todo ello, puede materializaría en una crisis humanitaria sin precedentes en las comunidades de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
