- Columna de opinión.
- Escrita por: Eduardo González Velázquez.
Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador enviara su iniciativa de reforma al Poder Judicial (RPF) el 5 de febrero de este año junto a otras diecinueve iniciativas más, en México hemos vivido lo impensable.
Así es, a consecuencia del rechazo a la RPJ por parte del PRI, PAN, MC y PRD, además del abierto repudio de varios miembros de la SCJN, la sociedad asistimos a prácticas y discursos que, de no haberse planteado la reforma, muy probablemente no hubiésemos visto.
Primero, la derecha mexicana acostumbrada a atrincherarse en sus púlpitos de privilegio y poder ha salido a las calles a ponerle cara a la población. A dejar en claro su rechazo a la democratización, la transparencia, al combate al nepotismo y la corrupción como formas de actuar del poder judicial. Asimismo, es evidente su ninguneo a la sociedad negándole el derecho a elegir por medio del voto a los juzgadores.
Segundo, los mismos miembros del poder judicial y de los partidos políticos de oposición han reconocido que es necesaria una reforma al poder judicial. Es decir, solo hasta que el presidente de la República puso a debate la reforma al poder judicial salen a reconocer que es necesario transformarlo. ¿Y si no se hubiese planteado la reforma? ¿Y si la oposición hubiera ganado la mayoría del Congreso en las pasadas elecciones? ¿Y si no viesen amenazadas sus abusivas retribuciones económicas a través de salarios y prestaciones? ¿Y si no viesen cercana el fin de su carrera judicial y la pérdida de negocios al amparo del poder? ¿Y si nada de eso hubiese sucedido, estarían hoy aceptando que es necesario reformar su poder, pero no de la forma que plantea el Ejecutivo federal?
Ver que los juzgadores de todos los niveles dan la cara con nombre y apellido a los ciudadanos ya es un logro de la discusión de la reforma judicial. A querer o no, han tenido que salir de su privilegiado escondite cubierto y protegido por el velo de la toga.
Tercero, ha quedado en claro los intereses inconfesables de algunos medios de comunicación, empresarios, líderes partidistas, senadores y diputados que se encuentran temerosos de mirar minada la riquísima parcela en la que durante años han arado para cosechar jugosas ganancias. La falta de argumentos en contra de la reforma, así como la descalificación per se de quienes proponen otra manera de organizar al poder judicial, muestra solamente el desprecio que tienen sobre amplias capas de la población que han decidió restarles considerablemente el poder que detentan y que utilizan para sus personalísimos fines.
¿Dónde está el peligro y el atentado contra el ejercicio del poder judicial si los ministros, magistrados y jueces son electos a partir de 2025? ¿Por qué afirman que reducir de once a nueve el número de ministros de la SCJN miraría su poder y responsabilidad? ¿Por qué pensar que es mejor que la próxima presidenta de la República proponga a los ministros de la SCJN en lugar de que sea la población quien los elija? ¿Por qué suponer que la propuesta para que los salarios de los ministros no sean mayores al del presidente de la República, y reducir de 15 a 12 años la duración de su encargo, vulnera su autoridad?
Finalmente, en toda la perorata contraria a la RPJ, los opositores han dejado en claro que hoy por hoy, nuestro sistema judicial no funciona y necesita un cambio. Hagámoslo pues.
- Profesor del Tec de Monterrey.
- @contodoytriques.
