La Cámara Minera de México (Camimex) indicó que si el Congreso de la Unión prohíbe la minería a cielo abierto, dicha industria tendrá “consecuencias devastadoras”.
Mediante un comunicado de prensa, la Camimex destacó el “grave riesgo” que existe debido a la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Iniciativa de Reforma Constitucional que tiene como objetivo prohibir la minería a cielo abierto.
“De ser aprobada en ambas Cámaras, tendrá consecuencias devastadoras para el desarrollo y estabilidad económica de México. Esta acción limitaría la capacidad de nuestro país para transformar sus recursos naturales en oportunidades de desarrollo e impulsar la transición hacia energías limpias, elevando costos y afectando la competitividad”, destacó.
Sin embargo, los minerales mexicanos son clales en más de 70 industrias, como la electromovilidad, siderúrgica, médica, construcción, automotriz, química, entre otras.
Según la Camimex, 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene de minas a cielo abierto.
De acuerdo al análisis de la Cámara, de continuar con la Reforma en su forma actual, “con el tiempo” habrían riesgos como:
- Comprometer más de 30,000 millones de pesos en diversas aportaciones fiscales para el erario público.
- Perder más de 1 millón de empleos formales.
- Impacto a los índices de desarrollo de más de 690 comunidades mineras (rurales), los cuales se ubican muy por arriba de la media nacional.
- Eliminar la condición de México como productor de minerales, convirtiéndolo en importador. Estas importaciones crecerían 132% provocando un déficit en la balanza comercial de 93,000 millones de pesos.
- Generar una posible contracción económica por 250,000 millones de pesos anuales (-1% del PIB nacional).
- Desalentar la minería formal y persistir las operaciones mineras informales, que carecen de estándares de seguridad y medioambientales.
- Restringir el papel de México como productor de 9 minerales críticos para la región de Norteamérica dentro del marco de la transición energética. Estados Unidos y Canadá permiten y regulan la minería a cielo abierto.
