Legisladores de PT y Morena recalcaron que la reforma judicial va e indicaron que la elección popular de ministros, jueces y magistrados es irreductible ya que “es un mandato del pueblo”.

A modo de contraste, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresaron que sustituir en un momento a más de mil 600 personas juzgadoras federales causaría un desajuste importante en el funcionamiento de la impartición de justicia en México; que una reforma mal ejecutada llegaría a convertir a la justicia en una subasta de magistrados y jueces. También que el método de elección popular ocasionará compromisos políticos y con el elector. Lo anterior impide la imparcialidad.

Durante la inauguración de los “Diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial”, un sector del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte pidió que, ante la inminente intención de la mayoría para aprobar una reforma, la sustitución de juzgadores se lleve a cabo de manera escalonada.

Ahora bien, no todo el pleno de la Corte etiquetó como riesgosa la reforma, ya que las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres la apoyaron de forma abierta. Destacaron que ese cambio constitucional democratizará al Poder Judicial, debido a que actualmente “sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”.

Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte, aclaró que “la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”, y confirmó que en la propuesta impulsada por el presidente AMLO no “debe pesar más la celeridad que la idoneidad”.

Piña Hernández pidió ser críticos del Poder Judicial de la Federación (PJF): “Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado”, declaró.