El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acuerda de forma privada, un nuevo criterio que hace más complejo el derecho de celebrar audiencias públicas en cuanto a asuntos que llegan al máximo tribunal.
La ministra Lenia Batres indica, a través de un comunicado, que la decisión afecta especialmente a los grupos indígenas y su posibilidad de participar en procesos judiciales, que impactan directamente en sus territorios y derechos.
De acuerdo a lo que confirma Batres, se establece que las solicitudes para participar en audiencias públicas deberán presentarse antes de que la iniciativa en cuestión sea oficialmente compartida entre los ministros de la Corte.
Ahora bien, señala la ministra, el instante en que se considera que el proyecto ha sido “dado a conocer” es cuando el mismo es entregado a la Secretaría General de la SCJN, un paso que ocurre de forma interna y no se encuentra sujeto a un registro público en tiempo real. Lo anterior causa que sea difícil para los interesados, fundamentalmente a las comunidades indígenas, enterarse oportunamente y exponer sus argumentos de forma efectiva.
Batres Guadarrama denuncia que la decisión perjudica en gran medida a las comunidades indígenas, destacando que algunas de ellas han solicitado presentar argumentos en controversias constitucionales importantes, como las relacionadas con reglamentos electorales e impugnaciones a leyes municipales en Michoacán.
