El PRI en el Congreso de CDMX propone penas que vayan de tres a nueve años de prisión, además de multas de cien a mil salarios mínimos, a quien falsifique, altere o comercialice bebidas no alcohólicas, alimentos o cualquier producto de uso humano o incluso otras sustancias, que ponga en riesgo la salud de los mexicanos.
Por lo tanto, Guadalupe Barrón Hernández, diputada priista, presenta al pleno del Congreso Local una Porpuesta dirigida al Congreso de la Unión con el propósito de reformar el artículo 464 de la Ley General de Salud, de tal manera que “al que por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento o a sabiendas de la alteración, falsificación, contaminación de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, los comercialice o distribuya con fines de lucro, se le aplicará de tres a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”.
Durante su exposición de motivos, la legisladores aclara que en los últimos años se han evidenciado la comercialización ilegal y la falsificación de alimentos adulterados; según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el fraude alimentario equivale a una pérdida equivalente a 500 millones de pesos anuales.
También recalca que, desde comienzos del año 2023, se dio a conocer mediante diversos medios de comunicación el hallazgo de una fábrica ilegal de bebidas carbonatadas, situación que se sospecha repercute en la Central de Abastos de la Ciudad de México, la Zona Centro de la Ciudad de México, el Municipio de Chalco y el Municipio de Nezahualcóyotl, por citar algunos casos.
Debido a lo anterior, la representante popular por la alcaldía Cuajimalpa destaca que la fabricación y distribución de alimentos adulterados o falsificados, pone en alto riesgo la economía mexicana y representa un problema de salud pública.
