Santiago Nieto en EL UNIVERSAL Necesitamos una justicia que le sirva a la ciudadanía

El actual encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, pretende impulsar desde el Congreso de la Unión una reforma que pueda combatir la corrupción en el Poder Judicial y ayude a hacer eficiente la impartición de justicia en nuestro país.

“Lo que necesitamos hoy es una justicia que le sirva a la ciudadanía, debemos estar pensando en una justicia de corte más bien (…) social, que fortalezca los derechos sociales, que fortalezca toda la actuación que se tiene en términos de seguridad y sobre todo que tenga una perspectiva que maximice el ejercicio de los derechos fundamentales”, expresa en EL UNIVERSAL.

A través de una entrevista con EL UNIVERSAL, Nieto Castillo, postulado por la Cuarta Transformación en la segunda fórmula del Senado por el estado de Querétaro, indica tener la experiencia y capacidad para contribuir desde el Legislativo a tener un mejor sistema de impartición y procuración de justicia.

También describe que impulsaría un artículo transitorio, como el de Ernesto Zedillo para reemplazar a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Mi antecedente como magistrado electoral, como fiscal electoral, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como académico de la UNAM, ahora como procurador de Justicia en el estado de Hidalgo, me permite tener una visión panorámica respecto a lo que necesitamos en materia de justicia para mejorar y creo que ese es el punto central de mi deseo de postularme en el Senado de la República”, destacó en el UNIVERSAL.

Bajo ese contexto, Nieto Castillo detalla cómo debería ser esa reforma judicial que le urge a México: “Yo creo que es importante separar de la Suprema Corte de Justicia las funciones de tribunal superior de legalidad que tiene con respecto a ese tema constitucional. Yo creo que el Consejo de la Judicatura Federal debe mutarse también para tener un mayor número de integrantes, de externos, para poder realmente sancionar a los jueces y magistrados.