- Columna de opinión.
- Escrito por: Oscar Miguel Rivera Hernández.
En las últimas semanas, la discusión en torno a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas ha tomado un giro interesante en la Cámara de Diputados. El cuarto parlamento abierto, donde se exponen distintos puntos de vista para integrarlos a las iniciativas a ser votadas por el pleno, ha revelado posturas divergentes entre sectores obrero, patronal y legisladores.
Manuel Jesús Baldenebro, miembro de Morena y presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, ha destacado la necesidad de garantizar al trabajador al menos dos días de descanso a la semana. Criticó la postura del sector empresarial, argumentando que su llamado a cambios graduales no se ha traducido en compromisos concretos.
“La reducción de jornada laboral es un tema de justicia para el sector laboral de este país”, expresó Baldenebro, haciendo hincapié en la importancia de que los cambios no sean solo un discurso político, sino una acción concreta en beneficio de los trabajadores.
Susana Prieto Terrazas, también de Morena y principal promotora de la iniciativa, cuestionó la postura del Partido Acción Nacional y de los empresarios que abogan por cambios graduales. Señaló que esta reticencia ha retrasado las discusiones durante 45 años. La diputada destacó la falta de un plan de implementación por parte de la patronal, llamándolos a comprometerse con un cambio real.
La participación de Veridiana Ríos aportó datos reveladores sobre la resistencia histórica para aprobar reformas laborales a favor de los trabajadores. Se refirió al partido del “cabildeo empresarial” que ha obstaculizado propuestas de reducción de jornada laboral en 17 ocasiones, convirtiendo a México en uno de los países con mayores horas laborales de la OCDE.
Ríos desmintió los argumentos empresariales de que la reducción afectaría la viabilidad económica de las empresas. Mostró evidencia de que la distribución del valor generado por las empresas en México favorece en gran medida a los dueños, dejando a los trabajadores con una parte significativamente menor que el promedio global.
En este contexto, queda claro que la discusión sobre la reducción de la jornada laboral no es solo un tema político, sino una cuestión de justicia social. La resistencia empresarial, a pesar de argumentar sobre la inviabilidad económica, se enfrenta a evidencias que indican lo contrario. La situación actual, donde los trabajadores mexicanos son de los que más trabajan y menos descansan, exige una acción legislativa inmediata.
La propuesta de Álvaro García, representante de la Concamin, quien aboga por atender la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). García sugiere una reducción gradual de la jornada laboral, alineándose con la postura de algunos sectores empresariales que argumentan la necesidad de cambios progresivos para evitar impactos económicos adversos. Además, propone mesas de diálogo sectoriales para abordar las particularidades de cada industria.
Esta propuesta marca un punto de quiebre en la última sesión del parlamento abierto. La cortesía y tolerancia que caracterizó anteriores reuniones parece desvanecerse. La diputada federal Susana Prieto, conocida por su enérgica defensa de los derechos laborales, eleva el tono de su potente voz para refutar el argumento de García. “La OIT comenzó a decir eso desde 1960, y todavía vienen a decirles a los trabajadores que hace falta tiempo”, exclama Prieto con firmeza.
La activista sindical no titubea al señalar a los representantes empresariales: “Lo que aquí sobra es hipocresía y muchos expertos en joder trabajadores.” Sus palabras resuenan con la frustración acumulada de décadas de resistencia hacia mejoras sustanciales en las condiciones laborales. La confrontación directa evidencia esa brecha que existe entre las posturas, donde los trabajadores demandan cambios inmediatos y los empresarios argumentan la necesidad de medidas graduales.
En conclusión, es esencial reconocer el impacto positivo que podría tener la reducción de la jornada laboral en el entorno laboral mexicano. Desde mi perspectiva, esta medida no solo representa una disminución de la fatiga laboral entre los trabajadores, sino que también contribuiría a reducir los accidentes de trabajo y el absentismo. La implementación de jornadas más cortas y eficientes permitiría a los empleados mantener un rendimiento óptimo durante su tiempo en el trabajo, mejorando la calidad de vida laboral.
Además, no podemos pasar por alto el potencial efecto en la creación de nuevos empleos. Con tasas de desempleo y subempleo relativamente altas y la escasez de talento en ciertas áreas, la reducción de la jornada laboral podría traducirse en una mayor demanda de mano de obra. Esto no solo generaría una derrama económica significativa, por el tiempo que tendrían para realizar actividades recreativas y también contribuiría a resolver las problemáticas tasas de desempleo que afectan a nuestro país.
El cuarto parlamento abierto ha destacado la urgencia de tomar medidas concretas para mejorar las condiciones laborales en México. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral no solo es un debate político, sino un llamado a la acción en busca de una mayor equidad laboral. La pelota está ahora en la cancha de los legisladores, quienes enfrentarán el desafío histórico de superar las resistencias y tomar decisiones que beneficien a la gran mayoría de la población trabajadora.
La justicia laboral es un componente esencial para el progreso y bienestar de cualquier sociedad. Esperamos que los legisladores estén a la altura de este desafío, comprendan la importancia de esta propuesta y actúen en consecuencia, marcando un hito significativo en la búsqueda de un panorama laboral más justo y equitativo en México.
