Un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un caso que, en caso de resultar a favor del quejoso, afectará de forma severa las arcas del erario, como consecuencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó con testimonios falsos a un servidor público de tener nexos con el crimen organizado.
Aquel sujeto es Javier Herrera Valles, excomisario de la Policía Federal (PF), quien durante el sexenio de Felipe Calderón pasó cuatro años en la cárcel y luego fue exonerado. Hoy reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos, por concepto de perjuicios materiales, reparación de daños y daño moral.
En ese sentido, los magistrados del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México expresaron que el caso reúne los requisitos de “interés y trascendencia” para que la Corte se pronuncie acerca del tema de reparación integral del daño frente a violaciones severas de derechos humanos, en el que se encuentra de por medio una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Javier Herrera indicó que su encarcelamiento se debió por las denuncias que llevó a cabo contra el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.
Ahora bien, el exfuncionario impugnó que el 16 de junio de 2022, la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó una sentencia que reconoció la validez de la resolución del 16 de abril de 2019, que emitió la directora general de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado, donde culminó que las pruebas ofrecidas resultaron insuficientes.
