La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que en 2022 aprobó el Congreso de la Unión.
Dicha decisión representa un revés importantes para el presidente López Obrador, quien sustentó su política de seguridad en el uso de los militares con el objetivo de hacer frente a las organizaciones criminales que controlan algunas partes del país.
Ahora bien, para el corto plazo, no se prevé que el revés en cuestión origine un impacto en el manejo que tienen los militares en la seguridad pública, pero sí obligaría a AMLO a fortalecer el papel de las corporaciones policiales civiles que se han debilitado durante su gobierno, de acuerdo a diferentes analistas.
Gracias al voto a favor de ocho de los 11 ministros, el máximo tribunal declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército.
Bajo el mando de López Obrador, la Guardia Nacional asumió más funciones dentro del ámbito civil.
Los ministros destacaron que el decreto que promovió AMLO viola el artículo 21 de la Carta Magna y es muy delicado, como consecuencia de que representa un “fraude a la Constitución”.
Al menos así lo expresó Juan Luis González Alcántara, ministro de la Corte, en su proyecto de sentencia al reconocer que era “inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando” de la Guardia Nacional al Ejército.
En el debate, la ministra Margarita Ríos Farjat detalló que el decreto presidencial dejó en entredicho el carácter civil y adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad e implicaba un “riesgo” de seguridad jurídica.
Bajo ese contexto, el manejo de la Guardia Nacional deberá retornar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tal como se hacía desde que se constituyó el cuerpo en el año 2019.
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