El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido al cese del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, establecido dentro del “Plan B” de la reforma electoral.
A través de un comunicado, destacó que a pesar de que la ley se cumplirá, detalló que “este decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”.
“Así, al acatar la ley, incluso si ésta contraviene la Constitución, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la legalidad; y con el combate a estas determinaciones por los cauces legales, su corresponsabilidad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones en el país”, expresó.
Por otro lado, apuntó que la Constitución establece que no pueden expedirse leyes privativas. Lo anterior, en contra de un sujeto específico; en consecuencia, no es factible disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular determinado por el Consejo General.
A pesar de la salida de Edmundo Jacobo Molina, el INE confirmó que prevalece la instrucción de los 11 consejeros y consejeras electorales en procura de quien ostente la representación legal del INE impugne ante la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que actualmente exhibe.
