A 4 semanas (prácticamente un mes) de la designación de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contraste con su antecesor se profundiza más.
En primer lugar, Piña Hernández es una servidora pública con sólida carrera en la judicatura. Fue secretaria proyectista en tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrada de circuito en dos y tres adscripciones, respectivamente.
De manera que, con esos antecedentes, se trata de una ministra que no sólo cuenta con amplia trayectoria al decidir problemas jurídicos, sino que también se enfrentó, al inicio de su carrera jurisdiccional, a la dura prueba de elaborar y presentar proyectos de resolución.
Se trata, pues, de una ministra con verdadero oficio jurisdiccional, lo cual no sólo implica conocer la labor de juzgar, sino también las adversidades que enfrentan los jueces y magistrados en su quehacer cotidiano.
En segundo lugar, existe un dato de la ministra que pareciera un asunto menor, pero, en realidad, dice mucho de su oficio.
El propio día de su designación, es decir, el mismo 2 de enero de 2023, en la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se anunció que la ministra no tiene cuenta oficial en esa red social. Esta aclaración derivó, al parecer, de la creación ese mismo día de un perfil que en apariencia pertenecía a la ministra, pero en realidad no correspondía a ella.
En este momento no sabemos si la ministra creará alguna cuenta de redes sociales, pero sí tenemos una introducción para el contraste de perfiles del que le hablaba al principio.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2022, tiene cuenta de redes sociales en Twitter y en TikTok. En la primera de ellas exhibe la envidiable (para algunos) cantidad de casi 300,000 seguidores, mientras que en la segunda tiene casi 450,000 seguidores.
Designado como ministro con efectos a partir del 1 de diciembre de 2009, Zaldívar no proviene del sistema de carrera judicial, sino de la práctica privada.
¿Es incorrecto que existan ministros que no provienen de carrera judicial? No por sí solo. El sistema constitucional mexicano y múltiples sistemas constitucionales del derecho comparado lo permiten, sobre todo como manera de llevar al pleno de los tribunales constitucionales diversas ópticas del derecho.
Sin embargo, existe una deuda histórica de Zaldívar que, difícilmente, podrá saldar con la sociedad mexicana en el escaso año y diez meses que le quedan en su encargo. Veamos por qué.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, conocido en amplios círculos de la judicatura como el Chuky Zaldívar o el Chuky Lelo -incluso entre algunos de quienes él cree que goza de estima-, tuvo en sus manos una oportunidad histórica como presidente de la corte.
Esa oportunidad, en mi concepto, tiene dos vertientes: una de ellas consistió en demostrar que los ministros que no proceden de la carrera judicial tienen todo el margen de maniobra para enriquecer la función jurisdiccional desde una perspectiva externa. En este caso, me refiero a los aspectos técnicos del derecho en el desarrollo de la función judicial.
Pero, además, en otra vertiente, tuvo la oportunidad histórica de, con base en esa procedencia externa, defender los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género que son necesarios para el desarrollo de la carrera judicial, con una autonomía envidiable.
Contrario a ello, Zaldívar prefirió inscribirse en una especie de concurso de popularidad.
Una de las líneas que escribió, poco tiempo antes de ser ministro presidente y ya electo el actual titular del Ejecutivo Federal, es, por decir lo menos, vergonzosa: “… debemos reflexionar sobre lo que nos falta por hacer y acusar recibo de los mensajes de las urnas: acabar con los privilegios y la corrupción, pacificar al país y erradicar las desigualdades.”.
Lo admito: me incluyo entre quienes no supimos advertir que esas líneas eran el presagio de lo que sería la visión en el ejercicio de su encargo a partir del 01 de diciembre de 2018 y de su presidencia a partir del 01 de enero de 2019: “Esta Suprema Corte deberá estar atenta a la visión del siguiente gobierno federal”.
Con eso, los principios de la carrera judicial, a los cuales él también está obligado, pasaban a segundo término.
En lo interno, Zaldívar se dedicó a insultar a quienes trabajan en órganos jurisdiccionales, generalizándolos como corruptos que debían ser, sino exterminados, al menos reformados de su impureza, cuando es bien sabido que los focos rojos de corrupción se encuentran en los poderes judiciales locales, mientras que, en el federal, aunque existen desde luego casos de corrupción, son más bien aislados.
Supo dar una apariencia de bondad con sus políticas de género, o con su especial atención a los casos de mujeres encarceladas injustamente, por poner dos ejemplos, mientras que a la par seguía lastimando a la judicatura en muchas vertientes.
También supo dar el giro para pasar al lado de los “perseguidos”, con un relato de una supuesta presión y persecución que sufrió a manos del gobierno del expresidente Felipe Calderón, de lo cual se acordó muchos años después, por cierto.
En el aspecto técnico, la jactancia de Zaldívar lo llevó a seguirnos presumiendo, después de varios años, la introducción del “efecto corruptor” en el caso de Florence Cassez, cuando en realidad esa teoría ni siquiera es de su aportación, sino que le fue sugerida por uno de sus colaboradores.
Pero eso sí, al tratarse de votar los asuntos de interés del Ejecutivo Federal, el protagonismo sobrepasaba con creces al aspecto técnico de sus decisiones.
A lo largo de los cuatro años de su presidencia incurrió en varias decisiones y actitudes polémicas.
Si tuviera que hablar de las dos que más lastimaron al gremio de la abogacía, quizá una de ellas sea la relativa a la pregunta sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes y la otra, muy probablemente, sea la forma en que llevó a cabo a votación de la acción de inconstitucionalidad 64/2021 que, de haberse llevado a cabo conforme a derecho, debió concluir con la invalidez de diversas normas impugnadas de la Ley de la Industria Eléctrica.
Su manipulación en ambos casos fue notoria, utilizando su plataforma como presidente del máximo tribunal del país.
En síntesis, Zaldívar no logró terminar su presidencia con prestigio ante la comunidad jurídica de este país, y no parece que vaya a lograr terminar su encargo como ministro siendo respetado por el gremio de la abogacía.
Pero eso sí, gozará de un gran prestigio como engaña bobos porque se echó a la bolsa a todos aquellos que, al ver sus simpáticos videos en Tiktok, confunden que ello sea sinónimo de ser un servidor público íntegro.
*Licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos personales.
