En medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que sostienen que la política es violatoria de la constitución y representa la militarización del país, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) avaló la constitucionalidad la utilización de militares en labores de seguridad pública hasta el 2024.
El Congreso, controlado por el oficialismo, amplió hasta el 2028 la permanencia de los militares en las calles, mediante una reforma constitucional, entre críticas de opositores y organizaciones humanitarias que anunciaron que presentarían acciones legales contra la reforma. Ya con el aval otorgado por la Suprema Corte es posible que tales demandas no prosperen.
Ocho de once ministros de la SCJN respaldaron el acuerdo presidencial alegando que “no vulnera el principio de división de poderes”, tal como planteaba la controversia legal que presentó en el 2020 la presidenta de la Cámara de Diputados de ese entonces, Laura Rojas.
El máximo tribunal mediante un comunicado aseguró que la participación de las fuerza armadas en tareas de seguridad pública no son “una decisión unilateral del Presidente de la República, sino que emana directamente de la Constitución”.
Al defender su voto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, argumentó que no se estaba discutiendo la militarización, sino el hecho de que el Ejecutivo estaba cumpliendo con la ruta legal establecida por el constituyente, en la reforma constitucional del 2019, para dar por terminada con la participación de la fuerza armada en tareas de seguridad pública.
La propuesta de AMLO vs otras propuestas
Desde hace 17 años en que las fuerzas armadas mexicanas han cumplido labores de seguridad públicas se han visto involucradas en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, ocasionando que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones humanitarias hayan exhortado al gobierno mexicano para que los militares regresen a los cuarteles.
Previo a asumir el cargo de presidente de México, López Obrador, defendía la idea de que los militares retornaran a los cuarteles. Sin embargo, cambió de parecer alegando que es necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles para hacer frente a las organizaciones criminales que asedian varias regiones de México.
En 2017 surgió la denominada Ley de Seguridad Interior, impulsada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), y que también pretendía regular el actuar de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. Dicha propuesta en un momento en que México registraba los índices de violencia más altos de su historia reciente, superiores a los de 2006 cuando el entonces presidente de México Felipe Calderón inició la guerra contra el crimen organizado.
Expertos, colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas alertaron de los riesgos de la ley, y finalmente en noviembre del 2018 fue declarada inconstitucional.
En aquel entonces, no sólo organismos internacionales se pronunciaron en contra, sino personajes de la política nacional opositores a los gobiernos priistas y panistas, difundieron entre sus seguidores una serie de posicionamientos sobre el peligro de “militarizar al país”, inclusive se realizaron manifestaciones en contra de la ley.
Uno de los personajes que se manifestó con la Ley de Seguridad Interior y que actualmente defiende la propuesta de AMLO, pese a que la propuesta es la misma “permanencia de las fuerzas armadas en las calles”, es Gerardo Fernández Noroña.
