Eduardo González Velázquez
Ayer fue presentado el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Las conclusiones “preliminares” (jamás había escuchado semejante contradicción, concluir por vía de mientras) de varios años de investigación al menos dejan en claro tres aspectos: la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue un crimen de Estado; no hay indicios para afirmar que los jóvenes se encuentren con vida, y las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército, podrían haber actuado para impedir la desaparición y asesinato de los jóvenes.
El aspecto central del reporte se encuentra en la documentación que realiza para determinar que las más altas autoridades federales, estatales y municipales supieron en todo momento (en tiempo real) lo que estaba sucediendo y se cruzaron de brazos para no actuar en consecuencia. Por omisión o comisión, cometieron un delito. Suponiendo, sin conceder, que solamente se abstuvieron de actuar, esa actitud configura el crimen de Estado, dejando incluso de lado, su posible participación en contubernio con los integrantes de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos. Se llegó al extremo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que no hiciera nada para proteger al soldado, Julio César López Patolzin, infiltrado en la Normal Rural para informar acerca de las actividades políticas de los estudiantes.
Sin dejar de reconocer la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para esclarecer lo sucedido en septiembre de 2014, no podemos dejar de reconocer, incluso las conclusiones no concluyentes del mismo gobierno así lo afirman, que todavía falta un tiempo para conocer con exactitud lo sucedido aquella noche entre el 26 y 27 de septiembre. Desgraciadamente, a 8 años de distancia han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas claves para esclarecer los hechos: 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo delictivo) Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Casarrubias Salgado, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado colaboración con esta Comisión.,
Somos muchos quienes desde la oscura noche de Iguala hemos sostenido que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Algunos también, siguen afirmando lo contrario. Insisten que no se puede catalogar como un crimen de Estado. Lo que nos presentaron las autoridades el día de ayer abona a la versión del crimen de Estado y continúa enterrando la mal llamada “verdad histórica”.
Ahora lo que sigue es que les pongan nombre y apellido a los responsables de lo sucedido en Guerrero y sean llevados ante la justicia para ser juzgados. De lo contario, aquella oscura noche seguirá sin concluir.
Profesor-investigador del Tec de Monterrey.
@contodoytriques
