Cuando se trata de decisiones y acciones políticas, los ciudadanos mexicanos no nos distinguimos por tener mucha participación en ellas, por más que se hable de gobernanza y participación social.
Vea usted, por ejemplo, los candidatos que se están eligiendo para los distintos cargos que se elegirán el próximo 6 de junio. Sobran los impresentables pero los partidos ya tomaron su decisión, aunque a usted le pese.
Ya cuando llega el momento de que nosotros “decidamos”, es porque los partidos ya hicieron su loable labor de darnos las opciones “que más nos convienen”. O sea, no hay más que de dos sopas: o votamos por alguno de los que ellos nos imponen como candidatos o no votamos.
Lo mismo ocurre en las múltiples confrontaciones fuera de lo electoral, por ejemplo, cuando se trata de reformar normas jurídicas que implican beneficio o perjuicio a cierto grupo de poder.
La semana pasada no fue muy halagadora para el grupo que actualmente ejerce el poder en México, después de dos suspensiones otorgadas contra la reforma eléctrica (la provisional y la definitiva en varios juicios de amparo).
Además de la amenaza contra el juez artífice de esas suspensiones, la reacción presidencial cuando se concedió la provisional fue: “Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros de que es inconstitucional y de que no puede proceder, iniciaría una iniciativa de reforma a la Constitución”.
La declaración, en primer lugar, se individualiza. No importa la opinión que usted tenga sobre la reforma eléctrica: al presidente le parece que es apegada a la constitución.
Además, es muy consecuente con la forma en que se dio el proceso de reforma: al grupo en el poder para nada le importó lo que usted opine. Simplemente se presentó la iniciativa, se aprobó en el Congreso de la Unión, se promulgó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
De la discusión no nos enteramos mucho que digamos, porque ni la hubo
En ese sentido, para evitarse la fatigosa tarea de defender la reforma ante los tribunales (como lo deben hacer muchos ciudadanos mexicanos día a día en sus controversias particulares), la solución es algo que en México parece convertirse en una disciplina digna de participar en juegos olímpicos: reformar la Constitución.
A poco más de 100 años de vigencia de la actual Constitución, ha sufrido más de 700 modificaciones, es decir, un promedio de 7 por año.
Algunos de los comentarios con respecto a la pretendida reforma constitucional que pretende el presidente para superar los “obstáculos” que le están presentando los amparos, se encontraban dirigidos a justificar, de alguna manera, que cada presidente propone reformas constitucionales conforme a su visión de gobierno y estado.
Puede ser cierto, pero eso no lo hace correcto. Los presidentes no son electos para establecer su visión sino para dirigir, desde el ámbito de sus atribuciones, a una nación. Tampoco son electos para llenar de parches la Constitución, aun cuando la facultad de iniciativa de reforma les haya sido otorgada.
Es decir, lo anterior puede ser un aserto, pero justamente confirma lo que en estas líneas sostengo: las reformas se dan más por decisiones oligárquicas que por haber escuchado cuales son nuestras necesidades. Menos esperanzador es que estos anhelos de reforma sean autocráticos.
Con esa declaración, el presidente parece aceptar que su reforma no aprobará el test de constitucionalidad. Está viendo muy alta la barda.
Pero ya parece tener el remedio: eliminar el estándar que la propia Constitución impone.
Me recordó a la decisión de la Secretaría de Educación de no reprobar a los alumnos. También me recordó a la decisión de considerar de seguridad nacional todo lo relacionado con el nuevo aeropuerto para que no sea impugnable. Eliminar los obstáculos de un plumazo.
Siendo así, qué más da otra reforma.
