En recientes semanas, prácticamente desde que inició 2021, arreciaron los ataques a los organismos autónomos, dirigidos desde la institución presidencial.
A manera refractaria, como suele suceder en un país como el nuestro en el que la prevención no es un estilo de vida, comenzaron los discursos en defensa de estas instituciones.
Comenzó también la autodefensa de esos organismos: a veces en palabras o columnas de opinión de sus propios titulares, en otras a través de foros virtuales para tratarnos de convencer de sus bondades.
Sin embargo, al analizar un amplio caudal de estas opiniones, algunas de ellas no pasan de ser una reproducción de las exposiciones de motivos que sustentaron las reformas constitucionales que les dieron origen.
El ser un contrapeso de los demás poderes. Instituciones necesarias para proteger y fomentar los valores democráticos. Organismos separados de los tres poderes tradicionales para desarrollar funciones específicas que requieran cierta especialización. Instituciones que resultan necesarias para satisfacer cierta demanda social histórica. Etcétera.
A manera de recordatorio, es cierto que todas esas razones constituyeron un sustento para la existencia de estos organismos. Algunas de estas razones, incluso, las sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver litigios en que se cuestionó la naturaleza y legitimación de esas instituciones.
Entonces: ¿dónde quedaron los resultados que han dado y, de manera muy especial, las áreas de oportunidad?
Es cierto que debatir con objetividad con varios de los personajes que integran el actual gobierno federal es una tarea que no lleva a mucho. No obstante, la culpa no necesariamente es de las dos partes en disputa, pues en ese juego entran también todas las personas que, por formación (o deformación) o encargo, prefieren guiarse más por una afirmación sin fundamento, que por información verificable.
Aun así, a pesar de que las instituciones autónomas ya son acreedoras al ataque presidencial (sea o no con fundamento), no deberían dejar la autocrítica, pues es justamente la que les ayudará a modificar o eliminar condiciones que favorecen, aún más, esos ataques que ya comienzan a hacerse cotidianos.
Me parece que son tres los aspectos fundamentales que podrían ser materia de autocrítica de los organismos autónomos para fortalecerse, en aras de sostener su viabilidad y permanencia en el
orden jurídico e institucional mexicano, no necesariamente en el orden de relevancia en el que los citaré:
1. El esquema de designación de los servidores públicos que integran el organismo autónomo.
La facultad de designación de los titulares de estos organismos recae, generalmente, en el Congreso de la Unión, especialmente en el Senado de la República.
Para mejorar esos procedimientos, necesariamente se tendría que modificar la Constitución, y aun así resultaría complicado separar el interés partidario que siempre determina cuáles personas habrán de ser electas.
Sin embargo, existe una buena oportunidad para que esos titulares, con el fin de dotar de mayor legitimidad al propio organismo, realicen
la designación de las y los servidores públicos que lo integran con los
conocimientos, experiencia y aptitudes necesarios para conformar
cada una de sus áreas, privilegiando la capacidad y el mérito.
Esto a través de un adecuado servicio profesional de carrera.
Si bien algunos de estos organismos lo tienen implementado, no está de más una revisión del mecanismo correspondiente para su correspondiente mejora. Pero irónicamente, por ejemplo, con una total opacidad, el INAI no continuó con el desarrollo del esquema, aun cuando hace más de tres años emitió la normatividad aplicable e inició el procedimiento respectivo.
Lo anterior únicamente seguirá favoreciendo la dañina discrecionalidad en la designación, al utilizar un criterio que ha perjudicado bastante a las instituciones gubernamentales de este país: el pago de favores.
Entonces, que no se hagan los ofendidos cuando vienen arrastrando este tipo de vicios que en nada abonan a su defensa.
2. Una revisión a su estructura orgánica.
La mayoría de las instituciones autónomas, al no contar con delegaciones estatales, concentran en una sola sede toda su estructura orgánica.
Eso hace entendible que se compongan de una buena cantidad de titulares de unidad, directores generales, directores de área, subdirectores y otros cargos, que pudieran hacer parecer excesiva su
composición.
Una razón que puede explicar el tamaño de la estructura es la especialización y la enorme cantidad de atribuciones que se les han conferido.
A pesar de ello, con los años que las instituciones autónomas llevan funcionando, ya podrían realizar una revisión para determinar si, en algunos casos, sería viable una reestructura que simplifique la
composición de las áreas, así como sus propios procedimientos.
3.- Una revisión de sus atribuciones.
En el aspecto de revisión de las atribuciones no me refiero a la obligación principal que tenga a su cargo la institución (por ejemplo, en el caso de COFECE, vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores).
A lo que me refiero es a la forma excesiva en que, en ocasiones, se desarrollan la legislación secundaria todas las obligaciones y atribuciones de los organismos, algunas de las cuales no se cumplen a cabalidad o ni siquiera se llegan a ejercer, en franco menoscabo de las que sí son relevantes.
Es cierto que este también es un asunto del Congreso, pero también lo es que las legislaciones pueden ser objeto de mejora, por lo cual no cabe decir únicamente que no les corresponde a estos organismos una revisión de este aspecto para, posteriormente, buscar el canal legislativo correspondiente para realizar las modificaciones legales que procedan.
En síntesis, la autocrítica, a pesar de la incomodidad natural que provoque, debe estar presente en estos momentos en las instituciones. Disimular u ocular las áreas de oportunidad en nada les ayudará a su pervivencia.
