A inicios de este mes Agustín Carstens comentaba que la crisis financiera ocasionada por la pandemia de coronavirus ha durado más de lo esperado y durará más, por lo que los incentivos y subsidios económicos brindados por los gobiernos de todos los niveles en México no resolverían su situación de insolvencia y podría esperarse una “ola de bancarrotas”.
Lamentablemente el salvavidas que podría ayudar a salvar a las empresas está fracasando: la Ley de Concursos Mercantiles.
Esta ley se creó hace más de 20 años y lamentablemente no se ha convertido en una herramienta eficaz para solucionar la situación de crisis financiera como se esperaba.
Surge del aprendizaje de la crisis del noventa y cuatro, con la intención de dejar atrás las quiebras para contar con un nuevo modelo legal para resolver la insolvencia, concibiéndose al nuevo concurso mercantil como un mecanismo de rehabilitación que reconoce el valor social de las empresas. Solo en el caso de que un acuerdo no fuese posible se procedería a una quiebra, liquidando a la empresa para pagar a sus acreedores proporcionalmente.
Las expectativas eran altas pero no se ha podido consolidar como una alternativa viable para auxiliar a empresarios que enfrentan dificultades, sean pequeños o grandes, convirtiéndose en un proceso cuando menos elitista. En el periodo de vida de la ley, es decir, desde el 2000 apenas han recurrido a este proceso cerca de 800 empresas y si bien la mayoría ha logrado acuerdos de reestructura, gran parte de ellos dependen de pactos entre empresas relacionadas.
A pesar de esto, el concurso mercantil resurge en el contexto del Covid-19 como esquema que permite la rehabilitación de las sociedades en apuros y genera una oportunidad para que el Poder Judicial, abogados y empresarios inicien un nueva relación con este tipo de procedimientos, perdiendo el estigma.
La insolvencia es una enfermedad que debe atenderse desde la aparición de los primeros síntomas, es decir, la inliquidez. De no hacerse se está condenando a una empresa al fracaso definitivo.
En nuestro país todos los sectores se han visto afectados por la crisis, algunos más que otros, como es el caso del sector turístico o entretenimiento, donde auditorios, estadios, hoteles o cruceros han paralizado de manera casi absoluta su operación. Y si bien muchos han resistido ante la esperanza del control de la pandemia pronto puede que estarán en una situación sin retorno si no adoptan las medidas financieras y legales que les permitan amortiguar el impacto.
En otros países los procesos equivalentes al concurso mercantil han sido recurrentes desde el inicio de la emergencia sanitaria. De acuerdo a un informe publicado por la reaseguradora Euler Hermes en conjunto de Allianz, la pandemia ha tenido un impacto tan grave en las empresas que ha duplicado los procedimientos de insolvencia en el mundo.
En cambio, México vive un escenario totalmente distinto. Apenas trece compañías se han sujetado a un concurso mercantil desde la declaratoria de emergencia sanitaria, de los cuales dos se desistieron.
La prospectiva económica es deplorable y una deficiente atención de la insolvencia en el plano general conllevará un efecto dominó que genere severas consecuencias en las cadenas de producción, situando a los empresarios a la ley de la selva, donde el más fuerte y ágil sobrevivirá.
Bajo este panorama resulta obligado que se explore el concurso mercantil como una alternativa que puede beneficiar tanto a empresas con deudas que le son imposibles de cubrir, como para sus acreedores. Sin embargo, el éxito de este mecanismo corresponderá al Poder Judicial de la Federación, donde los juzgados hacen hasta lo imposible por no conocer de un procedimiento concursal, procurando a toda costa desecharlos sin evaluar las consecuencias que ello puede acarrear a las empresas que lo solicitan.
Para el Estado debe ser igual de importante aplanar la curva del virus mediante el aislamiento, como aplanar la curva de las quiebras con el concurso mercantil.
