Hay tres cuestiones que le preocupan a la academia tras el sí que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la pregunta que se le hará a los mexicanos en la Consulta Ciudadana para someter a juicio a los ex presidentes: la intromisión de poderes, el respeto a los derechos humanos y el derecho a la verdad.
Para José de Jesús Becerra Ramírez, Director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara esos son los tres puntos neurálgicos de la resolución de la Corte.
Y es que para el académico, la pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? “, estaría supeditando la resolución a lo que diga la mayoría y no que establece la constitución.
“No deja de preocupar en el sentido del respeto irrestricto al estado constitucional y a la división clara de poderes y a la no intromisión. Qué pasaría en el supuesto de que el pueblo en la consulta decida no estar de acuerdo en que se investigue. En qué escenario estaríamos: En uno en donde la mayoría dé la decisión. Sí la constitución dice que por decisión mayoritaria no se haga, entonces eso es una aberración desde el punto de vista constitucional porque precisamente las reglas constitucionales son para evitar arbitrariedades de la mayoría o de minorías o del propio poder. Si al poder le surge un capricho, para eso está la constitución”.
Becerra Ramírez recordó que los precedentes de las constituciones más elaboradas del mundo, la de Estados Unidos por ejemplo, surgieron precisamente para resolver este tipo de problemáticas.
“Madison, que fue uno de los fundadores del constitucionalismo norteamericano, dice nosotros no somos ángeles, para eso tenemos el estado, pero el estado tampoco hay ángeles, por eso necesitamos pesos y contrapesos, para evitar que caprichos personales o que al momento en que se ejerce el poder pueda degenerar, no gobierne por ser buen samaritano, sino que gobierne porque hay pesos y contrapesos”.
Así pues al Poder Judicial le corresponde la función de cuidar y hacer cuidar la constitución y la legalidad entre otras cosas.
Por eso, explica el director de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, el Poder Judicial no es electo como sí lo es el ejecutivo y el legislativo, para evitar que este dependa “de gustos, pasiones, de momentos o de cuestiones o afectos personales hacia alguien, sino que las personas que lleguen al Poder Judicial sean perfiles que conozcan de legalidad, constitucionalidad y sobretodo sean autónomos.
¿Cuál es la función del poder judicial? no estar supeditado a las mayorías porque eso puede contraponer los pesos y contrapesos, aseveró.
En consecuencia, agrega, el resultado de la consulta puede llevar a que se construya un mal precedente de que se tenga que consultar al pueblo todas aquellas decisiones jurisdiccionales más polémicas, ya sea aborto, legalización de drogas, cuestiones religiosas o de moralidad a fin de discriminar a minorías.
A favor. ¿Coincidencia?
Para el jurista, el que la mitad de los ministros hayan votado a favor de la consulta, es un punto que se debe de someter a reflexión, pues tres de los que aprobaron la consulta, fueron nombrados recientemente por el Gobierno de la 4T.
Precisamente ese punto es el que, para el académico, puede marcar la evidente intromisión de poderes del ejecutivo hacia el Judicial.
“Yo eso lo dejo a la reflexión, porque coincidentemente los puestos por el Poder Político actual y el poder político dominante, votaron a favor. No sé si sea por amagos o sea por poder político, o por otra cosa, pero ahí está. Lo dejo a la reflexión, porque son ellos los que votaron justo a favor de la propuesta original del presidente que mandó al Congreso (…) Es claro lo que está pasando.Hay una prevalencia de una fuerza política y esa fuerza política está también influenciando no solamente el poder judicial, sino también el poder legislativo. No es válido que un poder que no debe estar contaminado, un poder que no debe esta dominado por las fuerzas políticas responda coincidentemente”.
¿Y la presunción de inocencia?
La corte interamericana ha dicho que no debe de haber presunción de culpabilidad. Y a decir del doctor José de Jesús, supieron cómo manejar esa parte.
“Al no tener o etiquetar nombres pues se está saltando, pues Constitucionalmente decía que siempre y cuando no se violenten o restrinjan derechos humanos. Y eso era evidente, porque se estaba violando la presunción de inocencia. Quitan nombres para evitar la violación que se estaba haciendo. Suavizan el término, brincan el tema de la inconstitucionalidad”.
Escenario B: ¿Y sí los mexicanos votan en contra del juicio?
Sin embargo el último tema y al que hay que prestarle especial atención es el del derecho a la verdad, que según el académico ese también implica una grave violación a los derechos humanos.
“Para mi todavía puede haber un resquicio de inconstitucionalidad que vuelvo insistir, quisieron saltarlo, y hay quienes dicen que con eso ya la libra, pero a mi me deja una duda. ¿Qué pasaría en el entendido de que el pueblo en su reflexión deliberativa, en esta democracia plebiscitaria y no sustancial diga no estamos de acuerdo en que se enjuicie, dónde queda el derecho a la verdad?.
Y es que a decir del académico del CUCSH, en el supuesto caso de que resultase que si hay pruebas evidentes de que se cometieron actos ilícitos que generaron víctimas y ofendidos a los que se les debe el derecho a la reparación, pues con eso se estaría faltando al derecho a la verdad.
