Si no surge alguna sorpresa desagradable en el trayecto, el siguiente jueves tendría que estarse aprobando (por unanimidad) el proyecto presentado por el Ministro Luis María Aguilar Morales, en el sentido de declarar inconstitucionalidad la pretendida consulta para entablar juicio a ex presidentes.
Lo digo no como quien hace uso de esa afirmación para ejercer presión sobre los Ministros (como si no tuvieran otra opción), sino como quien se encuentra convencido de que dicha propuesta era una barbaridad.
A falta de logros y ante la presencia de múltiples fracasos, el Ejecutivo Federal trató de asirse de ese tema para tratar de sacar del agua el cuello un tiempo más, con lo cual se hizo necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de sus facultades de tribunal constitucional.
Desde luego, como es de esperarse, sobran ya los comentarios que denotan no haber leído el proyecto de resolución respectivo.
Por fortuna, el trabajo de la Corte consiste en decidir en definitiva y dar estructura argumentativa a la pretensión que se sometió a su consideración (si usted quiere ser del grupo de personas que
conozcan el proyecto, puede consultarlo dando click aquí.
Independientemente de que el proyecto se encuentre bien encaminado, será muy interesante escuchar la discusión de los ministros, la cual, creo yo, tendría únicamente que abonar a sostener la inconstitucionalidad de la consulta.
En el plano jurídico, este no es un tema en el que debiera haber dos grandes polos opuestos, como si hubiese demasiada discusión a favor y en contra.
Otra cosa es el plano mediático porque no debe olvidarse que la intención de realizar esa consulta constituye una ocurrencia con finalidades políticas.
El proyecto del ministro Aguilar es contundente y, a reserva de los comentarios que se pudieran tener de cada uno de los aspectos que lo apoyan (lo cual excede el alcance de estas líneas), contiene un párrafo que podría calificarse de lapidario:
“Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos.”.
Al hablar de ese “concierto de inconstitucionalidades”, es obvio que nada sano hay en la pretendida consulta, de tal manera que constituye una frase magistral para denotar la aberración ante la que se está.
Por el bien de nosotros mismos, soy de la opinión que muchos aspectos de la vida pública no se deberían dejar a nuestra decisión. Mucho menos si se trata de la procuración e impartición de justicia, como es el caso que se desea someter a consulta popular.
Al respecto, por ejemplo, no deja de llamarme la atención con cuanta facilidad podemos ver opiniones de personas que pretenden saber quién sería el mejor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para el próximo cuatrienio, mientras que acá parece que cada trienio y sexenio necesitamos reaprender cómo elegir a nuestros gobernantes, con la consecuente decepción que a ello se acompaña.
No me preocupa que este tipo de asuntos lleguen a la Corte, mientras esta última no se encuentre colonizada por el gobierno en turno. A pesar de todos los ataques, al momento se puede decir que los
ministros, en términos generales, han ejercido su independencia al emitir sus decisiones.
Mientras así sea, es preferible que lleguen a sede constitucional para que los ciudadanos tengamos certeza de lo que se decide en el poder público, aún a pesar de su obviedad.
* El autor es licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos
personales. Actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido
Director de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades
Federativas en el INAI y Director de Enlace Legislativo en SETEC, entre otros cargos.
