El 31 de enero del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional. En ella se especifican como riesgos para la seguridad nacional, entre otros: “Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”; “Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”; así como “Actos que atenten en contra del personal diplomático”.
En los años recientes en México, existen varios ejemplos que ilustran cómo la delincuencia organizada pasó de ser un escenario probable contemplado por el Legislador, a una realidad que trascendió el campo de lo hipotético.
El 13 de marzo del año 2010, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua una funcionaria del consulado estadunidense; al año siguiente, el día 15 del mes de febrero, dos funcionarios del U.S. Immigration and Customs Enforcement fueron atacados en una carretera en el estado de San Luis Potosí, mientras se trasladaban en una camioneta con placas diplomáticas; y en agosto del año 2012, otra camioneta también con placas diplomáticas –en la cual viajaban agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) así como un elemento de la Marina Armada de México- también fueron atacados durante una emboscada.
Pero son dos los casos que pasarán a la historia de los desafíos más temerarios al Estado mexicano y en ambos hay un mismo protagonista: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El primero se dio el viernes 1 de mayo del año 2015, cuando en acciones coordinadas se realizaron una treintena de bloqueos a vías terrestres de comunicación, mediante la destrucción por incendio de autos y autobuses de pasajeros, lo que obstaculizó carreteras y avenidas de algunos municipios de Jalisco e incluso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde residen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esta entidad federativa. El cúlmen de esta jornada en que se emplearon tácticas de guerrilla urbana, fue lo hasta entonces impensable: en el sur de Jalisco, ese mismo día una aeronave perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, el helicóptero Cougar EC725 de fabricación francesa y con matrícula 1009, fue derribado como consecuencia de un ataque desde tierra por parte de integrantes del cartel en mención.
El segundo caso tendrá como fecha otro viernes: el 26 de junio de 2020, día en que nos enteramos de la emboscada preparada para acabar con la vida del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien aún no cumple ni nueve meses en el cargo.
En un país en el constantemente son asesinados los servidores públicos encargados de hacer cumplir la Ley -como define la Organización de Naciones Unidas a quienes se desempeñan como policías- pareciera un ataque más, pero lo temerario del acto es que se trató de un operativo bien organizado y coordinado (aunque afortunadamente mal ejecutado) en la capital del país, en que residen los Poderes de la Unión, pero además en una zona de las de más alta plusvalía en el país, Lomas de Chapultepec, colonia en donde tienen sus sedes diplomáticas varios países del mundo, ya que ahí se encuentran, entre otras, las embajadas de: Emiratos Árabes Unidos, Belice, Georgia, Angola, Brasil y las embajadas de Argelia y Ucrania, a tan sólo unos metros de donde fue el ataque.
Por si esto fuera poco, en la emboscada realizada en una de las ciudades más videovigiladas del mundo, se utilizaron rifles de asalto incluido el Barret calibre .50, armamento que combinado logró el poder de fuego suficiente para traspasar el blindaje nivel 7 con que estaba provista la camioneta del responsable de la seguridad pública en el otrora Distrito Federal.
Hasta entonces en la Ciudad de México no se habían visto esas exhibiciones de violencia aniquilante que desafortunadamente se han vuelto parte de la cotidianidad en el interior del país.
Los anteriores ejemplos nos muestran una realidad que lo políticamente correcto intenta minimizar: el fortalecimiento de grupos criminales a tal grado de considerarse milicias mercenarias ante las cuales un policía municipal, estatal; un alcalde de algún municipio en cualquier parte de México o un director de seguridad pública que no cuente con una camioneta con blindaje 7, nada puede hacer.
Pero la comprensión de las implicaciones que hay que considerar en el estudio del crimen organizado son diversas no sólo bajo la óptica de la Ley de Seguridad Nacional, pero de ellas hablaré en la siguiente entrega de #Liminalidades.
