Por: Lucía Almaraz Cazarez* (Imagen: Rueda de prensa de Enrique Alfaro sobre la incidencia delictiva, foto tomada del Gobierno de Jalisco.)
En esta semana el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro dio a conocer un corte respecto a la incidencia delictiva en el Estado, de lo que se destacan los siguientes datos:
- Existe una disminución en el robo a personas, los cuales se han identificado principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan, en las colonias Jardines de los Arcos, Obrera, Altagracia y Eucalipto Vallarta.
- Tal y como nos hemos dado cuenta, las cifras no mienten al menos en el rubro del robo conejero, el cual presentó un incremento en el municipio de Guadalajara.
- Robo a persona creció más en el interior del Estado que dentro de la Zona Metropolitana. Lo mismo ocurrió con el robo a casa habitación.
- En lo que respecta a homicidios dolosos incrementaron, solo en lo que va de febrero sumaban 53 incidentes, sin embargo, el Gobernador se lo acredita a cuestiones relacionas en su mayoría con la delincuencia organizada.
Para atacar algunos de los delitos se tiene considerado según el Gobernador la recomposición y reconstrucción de la Secretaria de Seguridad Pública y de la Fiscalía Estatal, además como estrategia se tiene estimado la contratación de 200 a 300 personas para nuevas plazas que refuercen el C5 y a la Fiscalía Estatal.
Respecto al balance que nos presenta sobre cifras el gobernador tengo las siguientes reflexiones:
¿Primero preguntarnos el motivo por el cual desde la administración pasada se dice que la mayoría los homicidios dolosos tienen vínculos con el crimen organizado?
Lo primero para responder esta preguntar es que nos den a conocer a los ciudadanos cuáles son las características de los homicidios para con base en esa información determinar si entran en la clasificación de “ejecuciones” las que normalmente se realizan con armas de fuego, existe probablemente el “tiro de gracia”, un mensaje escrito dirigido algún grupo delincuencial, puede o no existir mutilación de algún miembro del cuerpo, amarrado de pies y manos, cuerpo expuesto en terrenos baldíos, senderos, carreteras etc.
Si bien es cierto la dinámica de las ejecuciones ha evolucionado también lo es que las autoridades se han eximido de la responsabilidad bajo el argumento de que los crímenes tienen una relación con la delincuencia organizada, lo que deja de dicho que solo por ese hecho ya no deben ser investigados o no tiene prioridad en la persecución del delito.
¿Por qué tendríamos que confiar en estas nuevas estadísticas?
Hace unos días Enrique Alfaro denunció que la administración de Aristóteles Sandoval había dado a conocer tanto al Sistema Nacional de Seguridad Pública como a la ciudadanía jalisciense, cifras falsas.
Al respecto debo comentar que mi principal inquietud es: ¿Cuántas denuncias se presentaron por este hecho? Ya que el propio Código Penal del Estado de Jalisco en su artículo 143 bis refiere de manera específica sobre la obtención ilícita de la información electrónica y menciona:
“Al que modifique, destruye o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días de multa, esta pena se incrementa en una mitad cuando el sujeto pasivo del delito sea una entidad pública”.
Y si fuera poco la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en el artículo 139 de 2 a 8 años de prisión y quinientos a mil días de multa “a quien ingresen dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información”.
Si como ya se refiere se puede constituir un delito otra pregunta es
¿Por qué sigue manteniendo su puesto el Director de Estadísticas de la Fiscalía Estatal? Así es, el director que se presto a falsear datos estadísticos continúa laborando en la Fiscalía Estatal, este hombre ha dirigido las estadísticas del Estado en materia y seguridad y las de procuración de justicia durante tres administraciones (Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Jorge Aristóteles Sandoval) y algún motivo muy “significativo” lo hace ver como insustituible en la actual Fiscalía Estatal, aúncuando otorgó información falsa al Sistema Nacional, pareciera que en todo el Estado no existiera ninguna otra persona con capacidad y merito que pudiera llevar a cabo el registro, control, intercambio de la información estadística del Estado.
Supongamos en el peor de los casos que no se pudiera tipificar ninguno de los delitos antes descritos, lo siguiente sería cuestionar ¿cuántos procedimientos de responsabilidad se han iniciado derivado de la alteración de las cifras?, y ¿contra quién se ha iniciado estos procedimientos?
Algo que hubiera evitado la continuidad de este servidor público “maquillador de cifras”, es el ajuste que requiere la Fiscalía Estatal, tomando como base, los puntos mínimos de #FiscaliaQueSirvaJalisco, ya que dentro de los puntos se establece que no debe existir pase automático del personal jurídico y administrativo.
Estaremos entonces a la expectativa de la convocatoria de las mesas de trabajo que debe por cierto convocar el Ejecutivo Estatal, a las cuales deberán convocarse a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia y académicos.
Por otro lado, esperaría dos cosas:
- Que la Fiscalía Estatal nos dé los argumentos válidos de la permanencia del Director de Estadísticas que al parecer tiene un periodo vitalicio en las administraciones públicas del Estado y que es este sujeto quien se ha prestado a “maquillar las cifras en materia de seguridad y procuración de justicia”.
- Y que a corto plazo se implemente en la Fiscalía Estatal una verdadera contraloría social que permita que ciudadanos intervengan en la elaboración del plan de persecución penal y en el seguimiento del mismo, lo que implicaría obviamente la vigilancia de las estadísticas que emanen de un rediseño metodológico sobre la recopilación de datos y análisis de la información.
