En un giro inesperado sobre la implementación de la reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el Gobierno Federal analiza la posibilidad de aplazar la jornada electoral de jueces y magistrados hasta el año 2028.

Esta misión ha sido encomendada directamente a Luisa María Alcalde, quien asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el próximo 1 de mayo. La mandataria señaló que, aunque la fecha oficial sigue siendo en 2027, el Ejecutivo no descarta enviar una modificación legal para ganar tiempo y perfeccionar el proceso.

Una evaluación técnica y política

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que la entrada de Alcalde a la Consejería será el punto de partida para una valoración profunda sobre la viabilidad técnica y operativa de los comicios judiciales.

“Estamos evaluando si se pasa al 28, si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar; siempre es mejorable cualquier reforma. Vamos a esperar a que entre Luisa y se los informamos”, comentó la titular del Ejecutivo.

El regreso de una propuesta previa

La idea de postergar la elección no es nueva. Durante el planteamiento original de la reforma y el llamado “Plan B”, se contempló inicialmente el año 2028 como meta. No obstante, esa alternativa fue descartada en la iniciativa que finalmente se aprobó y que entró en vigor precisamente este 24 de abril.

La presidenta enfatizó que la decisión no es definitiva, pero dejó la puerta abierta a una nueva iniciativa de ley:

  • Fecha actual: Los comicios se mantienen para 2027 por ahora.
  • Condición: Si la valoración de la Consejería Jurídica determina que el aplazamiento beneficia la calidad de la reforma, se enviará la propuesta al Legislativo.

El papel de Luisa María Alcalde

El nombramiento de Alcalde el próximo 1 de mayo será clave para destrabar la incertidumbre jurídica. Su tarea inmediata será revisar si el sistema electoral y el Poder Judicial están listos para la logística que implica una votación de esta magnitud en menos de un año, o si es preferible alinearla con el calendario electoral intermedio de 2028.

Con este anuncio, el Gobierno de México envía una señal de flexibilidad, priorizando la eficacia de la reforma sobre la celeridad de su ejecución, en un esfuerzo por garantizar que la histórica transición del Poder Judicial sea “mejorable” y sólida.

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