La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno ha iniciado una investigación formal para revisar las condiciones bajo las cuales el hijo de Marcelo Ebrard, actual Secretario de Economía, residió en la sede diplomática de México en el Reino Unido.
La indagatoria busca esclarecer si hubo un uso indebido de recursos públicos o beneficios irregulares durante el periodo en que el joven realizaba estudios en el extranjero, coincidiendo con la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Una apertura “automática” por quejas ciudadanas
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la apertura del expediente no es una decisión discrecional, sino el cumplimiento de los protocolos de transparencia ante denuncias recibidas por la dependencia.
“Hubo solicitudes a la Secretaría de Anticorrupción, quejas y de manera automática tiene que abrirse la investigación”, precisó Sheinbaum, subrayando que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia a los privilegios.
El origen de la controversia
La polémica estalló tras reportes que señalaron que la entonces titular de la Embajada de México en Londres habría ofrecido al hijo del ex Canciller alojamiento en el inmueble oficial, propiedad del Estado Mexicano.
La investigación de la Secretaría Anticorrupción se centrará en determinar:
- Si la estancia generó gastos adicionales al erario.
- Bajo qué justificación legal o administrativa se permitió el uso de la residencia oficial por un particular sin cargo diplomático.
- El papel de las autoridades de la embajada en dicho ofrecimiento.
Transparencia en el Gabinete
Aunque Marcelo Ebrard es una pieza clave en el actual gabinete como titular de Economía y negociador comercial, la presidenta Sheinbaum reafirmó que las instituciones de control deben actuar de manera autónoma. Este movimiento se percibe como un mensaje de congruencia con la promesa de “Buen Gobierno”, asegurando que ningún funcionario, independientemente de su jerarquía, está exento del escrutinio público y legal.
Por ahora, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno recabará la información documental necesaria para emitir un dictamen que determine si existió alguna falta administrativa en el uso de los bienes de la nación en el extranjero.
