La crisis diplomática y de seguridad originada en Chihuahua ha llegado al terreno legislativo con una advertencia contundente: la gobernadora María Eugenia Campos Galván podría enfrentar un juicio político. Senadores de Morena señalaron que la presunta incursión operativa de agentes de la CIA en la entidad configura violaciones graves a la Constitución y, en el extremo legal, incluso el delito de traición a la patria.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y magistrado con licencia, afirmó que existe evidencia de una “acción deliberada e intencional” para permitir que personal extranjero ejerciera facultades exclusivas de las autoridades mexicanas.
Las implicaciones legales: Del Juicio Político a la Prisión
De acuerdo con los legisladores, la actuación de la administración chihuahuense vulneró los artículos 108, 109 y 110 de la Carta Magna, así como la Ley de Seguridad Nacional. El senador Inzunza fue más allá al citar el Código Penal Federal:
- Traición a la Patria: El artículo 123 contempla penas de 5 a 40 años de prisión para quien comprometa la soberanía nacional.
- Investigación de Oficio: Inzunza instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una carpeta de investigación de manera inmediata y sin necesidad de denuncia previa.
“Disfrazados” de policías estatales
Uno de los puntos más críticos que avivó la indignación en la Cámara Alta fue la revelación de que los agentes estadounidenses habrían utilizado uniformes de la policía estatal de Chihuahua para pasar inadvertidos durante el operativo.
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó este hecho como “irrefutable y gravísimo”. Según Cantón, el uso de uniformes oficiales para disimular la presencia de la CIA en acciones contra el narcotráfico es una prueba flagrante de la violación constitucional.
El martes, día clave en el Senado
A pesar de la severidad de las acusaciones, los senadores —incluyendo a Juan Carlos Loera de la Rosa— coincidieron en que se mantendrá el respeto institucional. El próximo martes se llevará a cabo una reunión oficial entre la gobernadora Maru Campos, el fiscal César Jáuregui y las comisiones de Justicia y Seguridad Pública.
“Observo a una gobernadora entrampada que sabe que violó la ley. Esperamos que el martes aclaren la situación, pero me parece que no tienen para dónde hacerse”, sentenció Cantón Zetina.
El encuentro será determinante para definir si el bloque mayoritario en el Senado decide activar formalmente los mecanismos legales para el desafuero o juicio político, en un caso que ya marca un precedente histórico sobre los límites de la colaboración de los estados con gobiernos extranjeros.
