El contrabando de combustibles y la evasión de impuestos, fenómeno conocido como “huachicol fiscal”, ha alcanzado niveles alarmantes durante el último año. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Energía, el Gobierno de México perdió aproximadamente 123,000 millones de pesos en 2025 debido a este esquema ilegal que golpea tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) como a la recaudación federal.
Durante su intervención en el 4to Foro Nacional de Energía e Infraestructura organizado por el IMEF, Francisco Barnés de Castro, presidente del observatorio, calificó esta cifra como una “estimación conservadora”, advirtiendo que el problema ha repuntado significativamente en el arranque de la actual administración.
Pemex y Hacienda: Los grandes perdedores
El boquete financiero se divide en dos frentes críticos que comprometen la estabilidad económica del país:
- Pérdida para Pemex: La petrolera estatal dejó de percibir 56,000 millones de pesos, agravando su situación como la operadora más endeudada del mundo.
- Golpe a la Hacienda Pública: El Estado perdió 67,000 millones de pesos en recaudación de impuestos estratégicos como el IEPS y el IVA.
El costo de oportunidad: Ciencia y Campo en el olvido
Para dimensionar la gravedad del problema, el Observatorio destacó que lo robado por el huachicol fiscal el año pasado supera con creces presupuestos vitales para el desarrollo nacional:
- Supera los 75,874 millones destinados a agricultura, pesca y caza.
- Es casi el doble de lo invertido en ciencia, tecnología e innovación, que apenas sumó 65,692 millones de pesos.
“En los primeros meses del gobierno anterior se logró disminuir, pero en los últimos años y ya entrado el gobierno de Claudia Sheinbaum, el huachicol fiscal ha incrementado nuevamente”, señaló Barnés de Castro.
Aduanas bajo la lupa y denuncias en la FGR
El repunte de este delito ha puesto el foco en la corrupción dentro de las aduanas del país. Especialistas del sector señalan que el ingreso irregular de combustible no sería posible sin la complicidad de funcionarios encargados de la vigilancia fronteriza y portuaria.
Ante este escenario, ya se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el sector energético exige una estrategia de fiscalización mucho más agresiva para evitar que el presupuesto nacional siga fugándose por los ductos de la ilegalidad, especialmente en un contexto donde Pemex requiere urgentemente de liquidez para su modernización.
