El Gobierno de México ha puesto en marcha un mecanismo inédito para definir el futuro de la extracción de hidrocarburos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles a un grupo de alto nivel, conformado por las instituciones académicas y científicas más prestigiadas del país, cuya misión será evaluar la viabilidad del gas no convencional y el uso del fracking en territorio nacional.
A diferencia de administraciones anteriores, la mandataria aseguró que la decisión sobre esta polémica técnica de extracción no será política ni unilateral, sino que dependerá estrictamente de diagnósticos técnicos y ambientales.
Ciencia antes que política
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el análisis del fracking —técnica cuestionada globalmente por su alto consumo de agua y riesgos de contaminación— partirá de un enfoque académico.
“La decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico”, afirmó la titular del Ejecutivo, subrayando que no se buscará implementar “energías limpias con negocios sucios”.
El grupo de trabajo encargado de este diagnóstico está integrado por:
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Instituto Politécnico Nacional (IPN)
- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
- Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
Consultas comunitarias: El segundo filtro
La presidenta enfatizó que el rigor científico no será el único requisito. En caso de que los institutos determinen que la extracción es viable en ciertas regiones, el Gobierno Federal iniciará procesos de consulta con las comunidades involucradas.
“No vamos a hacer nada contra la población”, garantizó Sheinbaum, haciendo referencia a los conflictos sociales que en el pasado frenaron proyectos energéticos por la falta de transparencia y participación ciudadana. El objetivo es evitar el despojo y asegurar que cualquier desarrollo energético cuente con licencia social.
Un balance entre soberanía y ecología
Esta evaluación busca resolver el dilema de la dependencia de importaciones de gas natural frente a la protección de los acuíferos y el suelo mexicano. Con este anuncio, el Gobierno Federal traslada la responsabilidad del debate a la academia, prometiendo un proceso que priorice la soberanía energética sin comprometer la integridad ambiental del país.
