Un profundo análisis financiero ha puesto al descubierto un desequilibrio sin precedentes en las arcas de las organizaciones civiles autorizadas para recibir donativos en México. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y un estudio del grupo parlamentario de Morena, entre 2016 y 2023, estas instituciones reportaron ingresos por 400 mil millones de pesos, mientras que sus egresos superaron los 1.5 billones de pesos.
Esta brecha de 1.1 billones de pesos entre lo recaudado y lo gastado ha encendido las alarmas de las autoridades fiscales, quienes intensifican la vigilancia sobre el uso y origen de estos recursos.
El mapa de los donativos
A marzo de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene registro de 10,003 donatarias autorizadas. Tan solo en el último año fiscal (2025), estas organizaciones captaron 59,981 millones de pesos. El desglose histórico de las aportaciones revela la procedencia del capital:
- Aportaciones en efectivo (México): 306,944 millones de pesos.
- Aportaciones en efectivo (Extranjero): 45,243 millones de pesos.
- Aportaciones en especie: 47,905 millones de pesos (nacionales y extranjeros).
Actualmente, el 63% de estas organizaciones se enfocan en labores asistenciales, seguidas por un 14% en el sector educativo y apenas un 1% dedicadas a la investigación científica y tecnológica.
Revocaciones y malas prácticas: El caso de las “nomineras”
El endurecimiento de la fiscalización ha resultado en la revocación de la licencia a 270 organizaciones (2.7% del padrón) por incumplir con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Entre las irregularidades más graves detectadas por el SAT destacan:
- Triangulación de recursos: Una organización asistencial utilizaba los fondos para beneficiar directamente a la familia fundadora, desviando capital de sus empresas para evadir el pago del ISR.
- Evasión vía Outsourcing: Se detectó una agrupación que operaba como “nominera”, haciendo pasar los sueldos de empleados como “becas” para no pagar impuestos patronales.
- Documentación Apócrifa: Presentación de avales falsos para acreditar actividades que nunca se realizaron.
Proceso de regularización
A pesar de las sanciones, el SAT informó que se ha respetado el debido proceso, otorgando plazos de hasta 30 días hábiles para que las instituciones subsanen sus omisiones. Aquellas organizaciones que logren acreditar el cumplimiento de los requisitos de ley tienen el derecho de solicitar nuevamente su autorización para recibir donativos deducibles.
Este informe surge en un momento clave de la Cuarta Transformación, donde la transparencia en el manejo de recursos públicos y privados bajo esquemas fiscales es una prioridad para la salud financiera del país.
