La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión con el objetivo de establecer una ley general contra la extorsión, delito que, reconoció, continúa en aumento a nivel nacional, pese a la disminución registrada en otras formas de criminalidad.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la reforma modificará el artículo 73 de la Constitución, otorgando al Congreso las facultades para legislar de forma homogénea en todo el país y permitir así que la extorsión se persiga de oficio, sin que recaiga exclusivamente en las víctimas la responsabilidad de denunciar.
“Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio, porque la víctima somos todas y todos”, afirmó la mandataria.
¿Qué incluye la propuesta de reforma?
De acuerdo con Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo federal, la reforma constitucional:
- Incluirá la extorsión como uno de los delitos para los que el Congreso podrá establecer leyes generales, al igual que ya ocurre con el secuestro, la desaparición forzada o la trata de personas.
- Permitirá definir un tipo penal único, además de incluir agravantes, sanciones, delitos relacionados y mecanismos de prevención, atención y reparación del daño.
- Obliga a todas las entidades federativas a armonizar su legislación estatal con la ley general que se derive de esta reforma.
Denuncia segura: 089 será línea oficial
Como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, Sheinbaum confirmó que el número 089 será la línea anónima oficial para recibir denuncias sin necesidad de que las víctimas se identifiquen. Esta medida busca proteger a los ciudadanos, incentivar la denuncia y romper el ciclo de impunidad que permite la continuidad de este delito.
“La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir. Lo enfrentamos con una estrategia nacional que necesita respaldo legal para ser realmente efectiva”, enfatizó la presidenta.
Contexto: la urgencia de una respuesta nacional
La propuesta llega en un contexto donde el delito de extorsión continúa creciendo, especialmente en sectores vulnerables como el comercio, el transporte, la agricultura y la prestación de servicios, impactando directamente la economía local y la seguridad ciudadana.
La iniciativa refuerza la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada recientemente por el gobierno federal, que incluye operativos penitenciarios, bloqueos financieros y la creación de Unidades Antiextorsión estatales, además del fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera para desmantelar redes delictivas.
Próximos pasos
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión en los próximos días. De aprobarse, marcaría un hito al permitir al Estado mexicano asumir plenamente la responsabilidad de investigar, prevenir y sancionar este delito, considerado ya como uno de los principales flagelos que afectan a la ciudadanía.
