Luego de que el Gobierno de la 4T, a través de Andrés Manuel López Obrador declarara que pretende absorber o en su caso eliminar a varios órganos autónomos, entre ellos el relacionado a la transparencia, y las telecomunicaciones, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información ha manifestado su rechazo a este intento que vulnera la autonomía de dichas instituciones.
La AMEDI salió en defensa específicamente de los Institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT), Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y del Nacional Electoral (INE), luego de los ataques que ha arremetido el Ejecutivo Federal en contra de estos.
Este organismo le espetó al Gobierno Federal sobre la importancia de la autonomía de dichos organismos, la cual es una cualidad jurídica que las define como instituciones del Estado que tutelan derechos fundamentales como el de información, de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de las audiencias de radio y televisión y la libertad de expresión.
“Defendemos y reiteramos que la autonomía es una cualidad jurídica que define a instituciones del Estado que tutelan derechos fundamentales como el de información, de acceso a las TIC, de las audiencias de radio y televisión y la libertad de expresión”, señalan en su comunicado.
Agregaron que es vital que estas instituciones permanezcan existiendo y aun más allá, reforzándoseles y no como ha venido haciendo el Gobierno a través de Hacienda y la Cámara de Diputados, reduciéndoles el presupuesto.
Recordaron que todos estos organismos autónomos han sido el logro de la democracia, tanto de la sociedad civil como de la academia.
La autonomía del IFT y el Inai ha sido un logro democrático de actores sociales y académicos. Históricamente, la Amedi ha propuesto y liderado el debate para que el regulador de las comunicaciones sea autónomo, para que sus funcionarios tengan mayor independencia de intereses políticos y comerciales. Para que difundan, promuevan y garanticen el derecho a la información desde una institución del Estado, pero independiente del gobierno en turno, los poderes Legislativo, Judicial y los poderes fácticos.
Por último señalaron que, de desaparecerse estos institutos y sus atribuciones pasaran a formar parte de otras secretarías se corre el riesgo de que se pierdan garantías como la transparencia, el acceso a la información, y se gane en cambio opacidad, discrecionalidad, entre otras.
