La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elevó el tono diplomático frente a Washington tras confirmarse la presencia de agentes de la CIA en un operativo táctico en la sierra de Chihuahua. La mandataria calificó el incidente como una potencial violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la soberanía del país, enviando un “extrañamiento” formal al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.
El caso, que se mantuvo en las sombras hasta que un accidente carretero cobró la vida de dos agentes estadounidenses y dos estatales, ha encendido las alarmas en Palacio Nacional por la operación de personal extranjero en campo, una actividad estrictamente prohibida por la legislación mexicana.
El reclamo diplomático: Explicaciones a Washington
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México exigió un informe detallado sobre la situación migratoria, la fecha de entrada y la asignación específica que tenían los elementos fallecidos.
“Esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado. Es un tema de seguridad nacional y de soberanía; por eso no es menor lo que ocurrió”, subrayó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La Ley de Seguridad Nacional bajo la lupa
La presidenta fue enfática al recordar que el Artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional es muy claro: los agentes extranjeros solo pueden realizar labores de “enlace” y deben estar debidamente acreditados ante la SRE. Bajo ninguna circunstancia pueden ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni participar en operativos de campo para desmantelar laboratorios de droga, como presuntamente ocurría en la sierra chihuahuense.
Llamado al orden a gobiernos estatales
En un mensaje dirigido no solo a la Casa Blanca sino también a las entidades federativas, Sheinbaum advirtió que ningún gobierno estatal tiene facultades para acordar colaboración de seguridad con gobiernos extranjeros.
En este contexto, anunció una comunicación directa con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que rinda cuentas sobre la participación de la policía estatal en conjunto con los agentes de la CIA. Los secretarios Omar García Harfuch (SSPC) y Rosa Icela Rodríguez (Gobernación) ya han iniciado el contacto con la administración chihuahuense para deslindar responsabilidades.
¿Qué sigue en la relación bilateral?
La revelación de que los agentes pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (según reportes de The Washington Post) coloca al embajador Ronald Johnson —él mismo un exoficial de operaciones de la CIA— en una posición comprometida. El “entendimiento” en materia de seguridad entre ambos países queda bajo revisión, mientras el gobierno mexicano insiste en que cualquier colaboración debe ocurrir estrictamente dentro del marco constitucional.
