En un movimiento que busca elevar los estándares de transparencia en la función pública, el coordinador de la bancada del Partido Verde (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, anunció que presentará una iniciativa formal para prohibir el nepotismo en cargos administrativos dentro de los tres niveles de gobierno.

El legislador enfatizó que la propuesta no tiene una dedicatoria partidista, sino que pretende ser una regla general que dignifique el servicio público, separando los lazos familiares de las responsabilidades técnicas que no emanan del voto popular.

Congruencia ante la ciudadanía

Velasco Coello subrayó que, mientras los cargos de elección popular están sujetos al escrutinio de las urnas, los puestos administrativos deben basarse estrictamente en el mérito y la capacidad profesional.

“Hay que ser congruentes. Lo que no es congruente es que se tengan cargos administrativos que la gente no elige y que sí existan los parentescos familiares. Yo creo que ese tema hay que debatirlo”, señaló el senador en entrevista.

Al ser cuestionado sobre si esta medida busca señalar casos específicos dentro de Morena, el coordinador del Verde aclaró que la reforma será pareja: “Lo que vamos a proponer es una reforma que aplique al Verde, a Morena, al PT, a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, a todos”.

Respaldo en el Senado: El factor Salgado Macedonio

Sorpresivamente, el primer senador en respaldar la propuesta fue Félix Salgado Macedonio (Morena), quien coincidió en que el nepotismo debe ser erradicado de las estructuras administrativas. “Sí, sí es que el nepotismo aplica en lo administrativo”, afirmó el guerrerense, deslindando esta medida de los cargos de elección popular, los cuales —recordó— se rigen bajo normas constitucionales distintas.

El candado electoral: El horizonte hacia 2030

Un punto clave en el debate es la distinción entre los empleados administrativos y los candidatos a puestos de elección. Actualmente, la reforma constitucional que prohíbe el nepotismo electoral entrará en vigor hasta el 2030.

Este plazo, propuesto originalmente por el PVEM frente a la intención inicial de la presidencia de aplicarlo en 2027, ha sido interpretado por analistas como un “blindaje” para procesos intermedios. Este desfase permitiría que perfiles como la senadora Ruth González Silva puedan contender por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 para suceder a su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo, sin incurrir en una falta legal, dado que el impedimento constitucional aún no sería vigente.

Con esta nueva iniciativa para el sector administrativo, el Partido Verde busca marcar una agenda de “limpieza interna” en las oficinas de gobierno, mientras el tablero electoral para 2027 sigue su curso bajo las reglas vigentes.