Los mexicanos podrían pagar 3.08 pesos adicionales por cada litro de refresco a partir de 2026, de aprobarse la propuesta de incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, busca reforzar los ingresos públicos con una bolsa estimada en 75 mil 290 millones de pesos provenientes solo del impuesto a las bebidas saborizadas.
Recaudación histórica por refrescos y alimentos chatarra
De acuerdo con Hacienda, el monto proyectado supera la recaudación total del IEPS en bebidas alcohólicas (27 mil 780 millones de pesos) y en comida con alta densidad calórica (42 mil 856 millones de pesos).
Sin embargo, especialistas advierten que estos productos son inelásticos, es decir, el consumo no se reduce significativamente pese a los impuestos. Desde que se aplicaron gravámenes similares a refrescos y comida chatarra, las ventas se han mantenido constantes por tratarse de productos de alta demanda en los hogares mexicanos.
Sheinbaum: recursos irán a un fondo de salud
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la medida al asegurar que los recursos no serán de carácter recaudatorio, sino que tendrán un destino específico.
“Todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud, y tiene que ver con el daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino vinculada con la salud de las y los mexicanos”, declaró en conferencia de prensa.
Hacienda justifica impuestos saludables
Por su parte, el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, señaló que se trata de un “presupuesto humanista”, con un enfoque más allá de los ingresos fiscales.
“Este impuesto busca atender problemas de salud en la población mexicana. No es solo una medida financiera, sino parte de una estrategia integral dictada por la Secretaría de Salud”, explicó.
Contexto económico
El incremento se plantea en medio de una desaceleración económica y forma parte de los ajustes fiscales que el gobierno de México busca implementar en 2026. La medida ha generado debate entre empresarios, consumidores y expertos en nutrición, quienes cuestionan si realmente reducirá el consumo de productos dañinos o si solo se convertirá en una nueva carga para las familias mexicanas.
